La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, defenderá en el pleno de la próxima semana la propuesta del PSOE para la puesta en marcha de un plan de inspección anual en materia de servicios sociales. “En caso de prosperar la iniciativa, solo la voluntad del Gobierno de Clavijo volverá a hacer posible o no su materialización, pues resulta evidente que el Ejecutivo de CC no puede continuar haciendo oídos sordos a los mandatos de la Cámara y las demandas del sector”, subraya la diputada.
Explica que la propuesta pasa por la modificación del reglamento regulador de los centros y servicios (2012) que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias para garantizar la adecuada cobertura jurídica de un sistema de inspección efectivo y garante de los derechos de los usuarios.
En cuanto al plan de inspección anual, señala que la aspiración es consensuar un documento que represente un compromiso en materia de inspección de todos los centros autorizados y acreditados en el territorio anualmente, con el objeto de verificar que cumplen la normativa reguladora para poder prestar una atención óptima y de calidad y garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias.
Asimismo, contempla la inspección de, al menos, el 10 por ciento anual de beneficiarios de prestaciones residenciales o centros de día/nocturnos, a través del seguimiento de los planes de atención individualizada, al menos el 25 por ciento anual de los hogares perceptores de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar y al menos el 10 por ciento anual de las personas beneficiarias de alguna de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
También se solicita la inspección de los convenios y subvenciones para garantizar que la financiación pública recibida se destina al objeto del convenio, subvención o ayuda y, al mismo tiempo, garantizar la aplicación de los fondos públicos en términos de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.
Cruz Oval indica que en tanto se modifica el decreto, se proceda a revisar y modificar si fuera necesario las convocatorias, las resoluciones de concesión de subvenciones y ayudas y los contratos de prestación de servicios sociales ligados a la dependencia o a la gestión de centros y servicios de igual naturaleza, con el objeto de garantizar las funciones de vigilancia y control efectivos por los servicios de inspección, así como incorporar cláusulas en tal sentido de todas las resoluciones y convocatorias que se suscriban en un futuro.
La parlamentaria del PSOE hace hincapié en que la inspección de servicios sociales debe configurarse como una competencia de control no solo de la adecuación de los centros y servicios a la normativa vigente en materia de requisitos materiales y funcionales o del cumplimiento de los conciertos suscritos por los prestadores de servicios, sino también de vigilancia y respeto a los derechos de las personas destinatarias de estos servicios.
“Es necesario continuar insistiendo en que todo objetivo ha de estar dirigido a que estas personas reciban una atención adecuada a sus necesidades, es decir, una atención integral, integrada y personalizada”, insiste. Recuerda que a diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, Canarias no cuenta con un plan anual de servicios sociales que garantice inspecciones ordinarias, extraordinarias y de oficio.
“Sin embargo, en los últimos meses hemos asistido con asombro al desfile de ocurrencias del viceconsejero de Políticas Sociales, que un día nos plantea la modificación del Código Penal para evitar las residencias irregulares en Canarias, otras la modificación del decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de los centros y servicios y otro la elaboración de un protocolo”, explica la diputada socialista.
