Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias registró hoy nueve enmiendas al proyecto de ley sobre el Régimen Jurídico de las ITV destinadas a garantizar este servicio en todas las islas, puesto que la entrada en vigor de esta normativa permite la liberalización plena del sistema y la posibilidad de que las empresas se marchen al no obtener la rentabilidad deseada.
Para el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, esta ley resulta de vital importancia para asegurar la seguridad vial en las carreteras del Archipiélago y por lo tanto, considera que el Gobierno de Canarias debe velar por el mantenimiento del servicio en todas las islas, con el fin de primar el interés general y los derechos de los usuarios frente a los beneficios empresariales.
Por ello, ASG ha incluido varias disposiciones adicionales en las que se insta al Ejecutivo autonómico a salvaguardar el servicio por cualquier vía legal a la que se pueda acoger, tales como la reapertura del sistema de concesiones o incluso la gestión directa del servicio por el propio Gobierno. En concreto, ASG propone que se establezca por decreto del Gobierno de Canarias, en el plazo máximo de un año desde la publicación de la ley, la planificación territorial específica para el aseguramiento del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos en La Gomera, La Palma y El Hierro.
Curbelo advierte de que las tres islas no capitalinas occidentales corren serio peligro de quedarse sin el servicio de inspección por cuestiones de índole económico, debido al bajo interés que han demostrado las empresas para seguir prestando el servicio, una vez terminen las concesiones.
En este punto, el portavoz de ASG detalló que su grupo ha registrado otras enmiendas encaminadas a garantizar el empleo de los trabajadores a través de la subrogación del servicio. “La ley debe contemplar que ante la falta de interés por parte de las empresas, el Gobierno asuma la explotación a través de gestión directa o indirecta y asegure los puestos de trabajo”, precisó.
Atención al usuario
Respecto al régimen sancionador, Curbelo aclaró que la enmienda de su grupo parlamentario contempla que las propias entidades que realizan las inspecciones técnicas deben ser los responsables subsidiarios respecto a las infracciones cometidas por el personal a su cargo. “No es posible que el régimen sancionador incluya a los trabajadores que ya están sometidos a un régimen disciplinario y que son parte de la organización de la empresa, que es la que debe asumir las responsabilidades”, explicó.
Además, avanzó que otra de las enmiendas incluye la posibilidad de imponer sanciones graves o leves a las ITV en las que se demuestre que se demoran mucho tiempo a la hora de dar una cita previa. De esta forma, será una infracción grave en el caso de que la espera sea de un mes o superior, mientras que se tipificará como leve la demora de entre 14 a 29 días.
Curbelo matizó que la liberalización del servicio debe asegurar unos estándares de calidad y rigor “porque las ITV tienen que pensar siempre en el usuario y ofrecer la mejor respuesta y atendimiento posible”.