El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el rechazo a dos enmiendas a la totalidad de NC y Podemos, dar inicio a la tramitación de la modificación de la ley turística, con la que el Gobierno pretende suprimir el apartado c) del artículo 4.2 que fue anulado por el Tribunal Constitucional al entender que no se puede introducir un criterio económico para fijar la autorización de nuevos hoteles.
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha comentado que la ley turística sigue la «tradición» del archipiélago de que el turismo «camine por una senda adecuada y ordenada», que se inició con la moratoria en 2003.
hora, tras la sentencia del Constitucional y un «encendido debate» en las islas sobre si se admitían nuevos hoteles de cuatro o cinco estrellas, el consejero cree que lo mejor es suprimir el artículo por «simplificar».
Además, ha comentado que la tramitación parlamentaria también servirá para hacer una «reflexión» sobre la normativa, pidiendo a los grupos parlamentarios que la extiendan al alquiler vacacional, que es uno de los «retos» del futuro del sector.
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha comentado que la ley llega al Parlamento tras la sentencia del Constitucional que anulaba los criterios económicos para fijar autorizaciones, pero marcaba que «no hay ningún inconveniente» para que las autoridades fijen límites en el crecimiento turístico en base a la capacidad de carga.
Ha comentado que el Gobierno ha optado por el camino de la «desregulación y la barra libre» frente a los «límites» del crecimiento, porque «impacta» sobre el medio ambiente, la convivencia, el territorio y las infraestructuras.
Además, ha apuntado que es «peligrosísimo» regular el alquiler vacacional a través de un decreto, pidiendo ser «rigurosos» en esta modalidad en calidad y empleo, porque supone la entrada de camas en Canarias «por la puerta de atrás».
En esa línea, ha abogado por regular esta disciplina a través de una ley y «no endosar» la responsabilidad a cabildos y ayuntamientos.
Natividad Arnáiz, de Podemos, ha mostrado el «desacuerdo» de su formación con la modificación de la ley, que apunta hacia el «desarrollismo, el crecimiento sin sentido y la destrucción del patrimonio natural y cultural».
Ha apuntado que ha habido «un no rotundo en las calles» a los macroproyectos, criticando al Gobierno por «volver atrás» y derogar el artículo sin buscar alternativas pata impulsar un modelo turístico «sostenible y limitado».
En esa línea, ha comentado que esta modificación, más la ley del suelo y la de islas verdes, son el «trío perfecto» para terminar de desmontar la moratoria de 2003 «y seguir trayendo turistas al peso al archipiélago».
UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO, SEGÚN CC
Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que hay que preguntarse qué modelo turístico se desea para Canarias y que no pase solo «por contar turistas», y por ello, cree que esta modificación es una buena oportunidad para «reflexionar» sobre el modelo.
«No estamos de acuerdo en devolver el documento porque este debate no se puede postergar más», ha apuntado, dejando claro.
Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha lamentado el retraso del Gobierno en tramitar la modificación de la ley tras la sentencia del Constitucional hace tres años, si bien cree que este proceso es una «oportunidad» para enmendar la política turística del Ejecutivo, «si es que la tienen, porque es inexistente».
Rosa Bella Cabrera, del Grupo Socialista, ha comentado que esta modificación sirve para fijar el modelo turístico de Canarias, ya que el Gobierno ni ha desarrollado el reglamento ni ha planteado «alternativas», lo mismo que los dos grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad.
Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha comentado que la tramitación es una «invitación al diálogo» para empezar a trabajar, apuntando que casi todos los grupos coinciden en que hay que fijar criterios relacionados con la capacidad de carga y la sostenibilidad social del turismo.