«El Pleno del Cabildo de La Gomera respaldó, de forma unánime, la proposición presentada por el presidente insular, Casimiro Curbelo, en la que se demanda “justicia e igualdad” para todos los trabajadores de Radio Televisión Canaria (RTVC), independientemente de la isla en la que desempeñen su trabajo», según señala la Institución en una nota informativa.
La Corporación insular manifestó su pleno apoyo a los 90 trabajadores que pertenecen a empresas subcontratadas de los informativos de Televisión Canaria y que desempeñan su labor en las islas no capitalinas, así como en la zona sur de Tenerife y Gran Canaria.
El presidente de la Institución insular, Casimiro Curbelo, demandó al administrador único del ente público, José Carlos Sintes, que aclare la situación de estos profesionales cuanto antes y se logre subrogar sus contratos, ya que hasta ahora, “los empleados sólo han encontrado una gran incertidumbre respecto a su futuro laboral”.
Una vez más, Curbelo denunció que estos trabajadores también tengan que sufrir las consecuencias del centralismo canario y no se les haya tenido en cuenta a la hora de la subrogación, de tal forma que sólo se asumieron a los más de 200 empleados que prestan sus servicios en los centros de producción de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Al respecto, criticó que estos trabajadores carezcan de convenio colectivo propio, además de tener un sueldo inferior con respecto a la plantilla que trabaja en las islas capitalinas, trabajando las mismas horas, y teniendo las mismas responsabilidades y obligaciones. “No es de justicia que los empleados estén sometidos a una condiciones laborales que los sitúa como trabajadores de segunda”, destacó.
Por ello, esperó que el nuevo gerente dé una respuesta lo antes posible que contribuya a la tranquilidad de los trabajadores, a través de la garantía del mantenimiento de los 90 puestos de trabajo, la mejora de sus condiciones y se corrija la situación de desigualdad laboral y salarial que padecen.
Asimismo, la proposición también insta a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias a poner en marcha las medidas legales y económicas necesarias para determinar, de manera diligente y consensuada, una solución viable al futuro de los servicios informativos de Televisión Canaria.
