Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias pide voluntad política para proteger el empleo de los 90 trabajadores que pertenecen a empresas subcontratadas de los informativos de Radio Televisión Canaria (RTVC) y que desempeñan su labor en las islas no capitalinas, así como en la zona sur de Tenerife y Gran Canaria.
El diputado de ASG Jesús Ramos reclamó hoy, en la Comisión de Control de RTVC, un mayor esfuerzo al administrador único del ente público, José Carlos Sintes, con el objetivo de aportar seguridad y estabilidad laboral a estos trabajadores.
Ramos, tras conocer por parte del propio Sintes que por ahora, no es posible la subrogación de sus contratos, insistió en la necesidad de buscar “la fórmula legal posible que evite la incertidumbre que tienen ahora los trabajadores, dándoles la seguridad jurídica que demandan, al tiempo que se equiparan sus condiciones laborales a las del resto de la plantilla”.
El diputado gomero reconoció el trabajo realizado por el administrador para evitar que la radiotelevisión canaria dejará de emitir el pasado 30 de junio, pero criticó que no se les haya dado la misma solución a todos los trabajadores y que se hayan establecido diferencias. “Esto no es más que otro reflejo del centralismo canario, que tal y como ocurre con otros servicios, concentra su actividad en las dos islas capitalinas, olvidándose del resto”, lamentó.
Ramos resaltó la situación de injusticia que afecta a los empleados que prestan sus servicios en las islas no capitalinas, ya que, según precisó, “disponen de un sueldo inferior con respecto al resto de la plantilla, trabajando las mismas horas, teniendo las mismas responsabilidades pero además, con mayores dificultades al contar con menos recursos”.
Además, aludió a otra diferencia que, en este caso, afecta a los trabajadores de la radio, porque estos últimos mantienen sus condiciones sin haberse incluido entre los que gozan de unas particularidades similares a las de los empleados públicos. “No es de justicia que estén sometidos a unas condiciones que los sitúa como trabajadores de primera, de segunda e incluso, de tercera”, denunció.
Por ello, esperó que esta situación se pueda reconducir lo antes posible “para contribuir a la tranquilidad de los trabajadores hasta que tramitemos la nueva ley del ente y todos los canarios podamos contar con la radiotelevisión pública que nos merecemos”.
Por último, confió en que se abra un nuevo capítulo en la historia del ente, que deje atrás la confrontación a la que ha estado sometido en los últimos años para avanzar hacia un nuevo modelo de televisión, que apueste por una mayor presencia en todas las islas y que refuerce la programación regional.
