El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado hoy por unanimidad reclamar al gobierno de España que cambie el decreto sobre bonificación del 75 por ciento del transporte entre Canarias y los territorios peninsulares, para aclarar que es sobre la tarifa regular, y no sobre la bonificable.
El informe ha sido aprobado porque en el real decreto del Gobierno de España se dice que el descuento es sobre la tarifa bonificable, y de ser de este modo el ejecutivo de turno podría decir que será sólo por una cantidad del importe del billete, y si es sobre la tarifa regular se aplica sobre el precio de la misma.
Durante el debate parlamentario los portavoces han criticado la poca consideración que desde el gobierno español se tiene a Canarias, y han recordado que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 se dice que la bonificación es sobre la tarifa regular.
Una situación similar se produjo en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dio la razón a la Comunidad Autónoma para que la subvención, en aquel caso del 50 por ciento, se hiciera sobre la tarifa regular.
La primera intervención de hoy ha sido la del portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, quien ha indicado que con todos los presidentes de España ha habido inconvenientes para que entiendas la realidad de Canarias, de forma que “cada conquista ha sido una lucha constante”.
El exdirigente del PSOE canario ha dicho además que lo que más le preocupa es el descuento será una realidad para toda la vida, y ha reclamado a los presidentes de España que tengan en su cabeza la agenda canaria “para que no tenga tentaciones de incumplirla”.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado que el segundo decreto aprobado pro el Gobierno de España es “aún peor” que el anterior y además tiene una “coletilla” para decir que la bonificación puede cambiar, por lo que ha considerado que es “más lesivo” que el anterior.
Román Rodríguez ha pedido la convocatoria de otro pleno para rechazar el último real decreto, que, ha criticado, fue enviado al Parlamento de Canarias a las 20.00 horas de ayer.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha reclamado que se establezca un precio máximo y que haya una obligación de servicio público en el transporte entre Canarias y el resto de España, y ha criticado que se haga el mismo descuento en primera clase que en turista.
Noemí Santana también ha denunciado que el descuento no se aplique a los ciudadanos que se tienen que empadronar fuera del archipiélago por razones de trabajo, y se ha mostrado de acuerdo en que el real decreto recibido ayer es peor que el anterior.
La portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, se ha referido a la “insensibilidad” porque no puede haber tan elevado nivel “de incompetencia” para elaborar el decreto, y ha denunciado que en los despachos del Ministerio de Fomento “no entienden” que el descuento es “un derecho para competir en igualdad de condiciones”.
A juicio de la portavoz popular el PSOE no tiene voluntad política de que en Canarias se disfrute de los descuentos y ha acusado al nuevo gobierno de revisar los logros del anterior ejecutivo, presidido por el popular Mariano Rajoy.
La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, ha rechazado las palabras de María Australia Navarro y ha recordado que la bonificación del 75 por ciento se aplica desde el pasado lunes, para “también recordar” que un gobierno socialista, con Felipe González, elevó el descuento, y después otro, con José Luis Rodríguez Zapatero, lo incrementó hasta el 50 por ciento.
Dolores Corujo ha señalado que los problemas sobre la aplicación de la bonificación nunca se sabrá si fue por un error en la enmienda de Nueva Canarias a los presupuestos del Estado, o por lo que ella cree, por una “jugada” del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, ha dicho a Dolores Corujo que hoy era para hablar del real decreto y se ha referido a que el fondo del asunto es la bonificación de la tarifa regular.
José Miguel Ruano ha reconocido el valor de propuestas de Podemos como aplicar el descuento a quienes no son residentes porque se han ido por razones laborales y establecer una obligación de servicio público.
