La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció este lunes que el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la de Presupuestos, María José Gualda, cerrarán y lanzarán este mismo día las instrucciones para que la subida de los salarios de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) se pueda ver reflejada en las nóminas del mes de agosto.
No obstante, Batet ha asegurado que «eso dependerá de cada gestor y de la capacidad de incorporar esas variables». En concreto, los empleados públicos del Estado podrían recibir en la nómina del mes que viene el alza salarial fija del 1,5% más la variable del 0,25%, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que corresponde a la cláusula del acuerdo que establecía esta subida si el PIB alcanzaba o superaba el 3,1%.
Así lo ha asegurado la titular del Ministerio tras reunirse este lunes por primera vez con los principales representantes sindicales de la Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF). En un encuentro con los medios posterior ha puesto de relieve que el incremento del 0,25% aprobado el pasado viernes será «inminente», aunque ha destacado que la subida del 1,75% total (1,5% más 0,25% variable) dependerá de cada ámbito y de cada gestor.
Por otro lado, también ha señalado que está previsto un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial, que, una vez tenga el visto bueno por parte del Ministerio de Hacienda, se negociará también con las organizaciones sindicales para ver cómo se reparten los fondos.
Según ha explicado la ministra, esta subida del 0,2% «no responde a una subida lineal, sino que son fondos especiales y específicos para mejorar el funcionamiento y responden a otras lógicas». Además, ha resaltado que la intención es cerrar este acuerdo de subida adicional en otoño.
Asimismo, ha anunciado que el Ejecutivo tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes 27 la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año, en la que se pretende incluir el acuerdo de estabilización correspondiente a los Presupuestos de 2017, «que no se había convocado con anterioridad».
En esta línea, ha asegurado que se compromete a convocar en los próximos meses la convocatoria de estabilización de los Presupuestos de 2018 para «ahorrarse futuros problemas que podrían quedar abiertos si no se hiciese con este carácter de simultaneidad».
No obstante, aunque el viernes 27 se apruebe el proceso de estabilización de 2017, no se convocarán las plazas hasta que no se apruebe el de 2018, ya que ambas convocatorias irán juntas. De hecho, ha subrayado que estará previsto para los próximos seis meses.
Sobre el número de plazas que se convocarían, Batet no ha señalado a cuántas ascenderían, aunque ha anunciado que a este mismo Consejo de Ministros también irá el acuerdo de incapacidad temporal, que está «muy avanzado».
De hecho, ha señalado que el día 23 de julio el Ministerio va a convocar la mesa general de negociación en la Administración General del Estado para que se cierre este acuerdo por el que los empleados públicos pasarán a cobrar el 100% de su retribución desde el primer día que se den de baja, volviendo así a la situación que vivían en 2013.
Con este acuerdo de incapacidad temporal se creará un grupo de trabajo para controlar el absentismo. La responsable de Política Territorial y Función Pública también ha afirmado que su intención es que las mesas de negociación constituidas se reúnan «mucho» y trabajen para seguir avanzando y mejorar las condiciones laborales y las condiciones profesionales de los empleados públicos.
«Sabemos que estamos en una legislatura corta y por tanto queremos aprovechar el tiempo que tenemos, no comprometernos a realizar cosas que no son posibles, pero aprovechar cada minuto y segundo que tengamos de legislatura», ha apostillado.
Respecto a las 35 horas, Batet ha afirmado que se ha hablado en la reunión, pero que no se ha entrado en profundidad, porque es un tema que se remite a las mesas de negociación. Sin embargo, ha recordado que la jornada de 35 horas está supeditada al cumplimiento del déficit.
El coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, ha afirmado que le ha trasladado a la ministra que el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Públicono es «una ley de punto y final» que acabase con las reivindicaciones del sindicato y ha asegurado que seguirán trabajando por unas administraciones más pegadas a la ciudadanía y por unos servicios públicos «bien retribuidos».
Asimismo, Fernández ha cifrado en 300.000 vacantes las necesarias, de las cuales 140.000 ya están cubiertas. También ha señalado que han trasladado a la ministra su preocupación por las oposiciones que se han realizado, sobre todo en Enseñanza, y le han pedido que «tome cartas en el asunto», porque el número de personas aprobadas ha sido inferior a las vacantes a cubrir.
«El sector público contempla un número importante de trabajadores que están en relación directa con diferentes administraciones y que llevan muchos años sin regular. Planteamos la necesidad de abrir un espacio que permita avanzar en definición de condiciones, trabajo y ámbitos de intervención», ha señalado Fernández.
Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha puesto de relieve que le ha trasladado a Batet la necesidad de recuperar las condiciones laborales que tenían los empleados públicos antes del inicio de la crisis.
Asimismo, ha señalado que ha pedido una oferta de empleo pública extraordinaria en la Administración General de 4.000 plazas y 6.000 plazas de promoción interna. También ha pedido trabajar en el reparto de fondos adicionales del 0,2% y que se desarrolle la bolsa de horas de conciliación familiar.
En este punto, Borra ha afirmado que ha pedido «expresamente» empezar a trabajar en el acuerdo de permiso de paternidad para que hacer extensible a la Administración General las 20 semanas alcanzadas en Andalucía.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que esta va a ser una Legislatura «intensa» en materia de administración pública y ha asegurado que ha pedido un desarrollo adecuado del acuerdo.
Lacuerda también ha transmitido que hay que revertir las acciones de carácter lateral que afectaron a los empleados públicos desde 2012, entre ellos la reversión de la jornada máxima a jornada laboral y «otras 15 medidas que produjo la acción del Gobierno anterior».
