La senadora gomera, Yaiza Castilla, presentó esta semana una moción para la eliminación de la segregación del alumnado por uniformidad, en función de su sexo, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Alta. Se trata de una propuesta, que en palabras de Castilla, responde a una realidad “que necesita ser tratada en profundidad y que refleja la lucha por la igualdad real y efectiva que la sociedad reclama”.
La moción recoge que el Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, insten a las instituciones educativas competentes, en cada territorio, a intervenir frente a esta práctica discriminatoria, garantizando el cese de la imposición de la utilización de las faldas en las vestimentas de las alumnas. Y además, propone una modificación de la Ley de Igualdad, así como de las legislaciones educativas autonómicas para que se garantice la libertad de vestimenta en el ámbito educativo, ya sean centros públicos, privados o concertados, “porque la Constitución obliga a todos los centros”.
La representante de ASG recordó que en septiembre de 2017 la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó una PNL relativa a la eliminación de los estereotipos de género en los ámbitos educativos y laboral a través de la vestimenta, “sin embargo, desconocemos el grado de ejecución de la misma”, indicó.
Castilla alertó que en España son muchos los centros educativos que obligan a sus alumnas a llevar faldas, vulnerando sus derechos fundamentales por razón de género, por lo que se conculca no sólo el derecho español, sino “ también la legislación europea y los derechos humanos”.
Hizo hincapié en la reivindación de Sina y Carmen, dos niñas canarias que se atrevieron a desafiar la normativa de su centro de estudios y sustituir el pantalón por la falda. Tal fue el impacto de esta acción, que la asociación canaria Gafas Lilas Contra la Violencias Machistas, se hizo eco de la misma y “vienen realizando una excelente labor en esta lucha a favor de la igualdad”.
Al mismo tiempo, la senadora gomera insistió en que todos los poderes públicos “deben aunar esfuerzos para que esta situación se elimine y se protejan, de forma efectiva, derechos tan importantes como este”. De esta forma, aseguró que se lograría alcanzar uno de los objetivos que establece la Ley Orgánica de Educación, cuando señala que “el sistema educativo español se orientará en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato”, concluyó.
