Durante estas últimas semanas hemos vivido la tensión y la alarma que ha despertado en las Islas la incertidumbre sobre la puesta en marcha de la subvención del 75% a los vuelos con la Península. El Ministerio de Fomento ha heredado un problema del Gobierno anterior y aún no se han despejado todas las dudas existentes en torno a la aplicación de este derecho. Pero lo que quería resaltarles es “cómo” ha reaccionado Canarias ante una medida que afectaba de forma importante la conectividad de las islas con el resto de España.
Esa reacción ha sido unánime. Todos los partidos políticos se han posicionado a favor de la aplicación de la medida de forma inmediata y urgente. Y el propio PSOE de Canarias ha aprobado en el Parlamento pronunciamientos claros para reclamar a Fomento la clarificación de la subvención.
La capacidad de una Isla para comunicarse es lo suficientemente importante para que se considere un asunto estratégico vital. Si los ciudadanos de La Gomera no pueden desplazarse para hacer negocios, para trabajar, para estudiar, para transportar bienes o prestar servicios en cualquier rincón de Canarias o de España, nuestra Isla estará condenada a una eterna pobreza. Porque no existe desarrollo económico sin conectividad, sin un fluido transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías.
Estos días hemos conocido que la conexión directa entre La Gomera y Gran Canaria comenzará a funcionar desde el próximo primero de agosto, pero que sólo se mantendrá hasta finales de septiembre. Es una conexión que llega tarde y llega mal, porque no viene para quedarse. Es simplemente un parche con el que se quiere atender un pico de demanda en los meses de verano, pero que no va a cumplir la función estructural de herramienta de desarrollo y de conexión entre nuestra Isla y Gran Canaria.
Es normal que desde la Península se vea muy lejos la distancia a la que está Canarias. Y más normal todavía que los problemas de las Islas no capitalinas se desconozcan en toda su magnitud. Pero la senadora de Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, ya explicó detalladamente la necesidad de requerir la Obligación de Servicio Público (OSP) entre La Gomera y las islas de Tenerife y Gran Canaria, con la finalidad de garantizar que esté en servicio todo el año.
Los gomeros no están pidiendo nada excepcional y nada que no se está aplicando ya en otras líneas. Existen conexiones en donde el volumen de viajeros y mercancías convierte el servicio aéreo en un negocio muy rentable. Pero hay otras en donde los criterios que tienen que aplicarse son de servicio público. Porque hay que poner primero los medios para que la economía se desarrolle.
Hemos visto el ejemplo en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el desarrollo turístico ha provocado un impulso espectacular a la conectividad aérea. Pero hasta que el desarrollo de los mercados se produce, es necesario que los responsables públicos del nuevo Gobierno central sean capaces de entender la necesidad “pública” de establecer conexiones aéreas permanentes entre las tres islas de esta provincia y el resto de Canarias.
Tener la posibilidad de viajar al resto de España a precios reducidos y con frecuencias razonables no es un privilegio sino un derecho de unos ciudadanos ultraperiféricos. Es una cuestión de Estado, porque las autoridades tienen que procurar velar por la integración social, económica y política de ese trozo alejado de su nación, aplicando medidas excepcionales y especiales. Lo mismo o más cabe decir de quienes dentro de esa lejanía estamos aún más lejos. Luchar contra los efectos de la doble insularidad es aún más difícil.
La Gomera volverá a reclamar que se mantenga de forma permanente su vuelo con Gran Canaria. Seguiremos luchando para lograr que se tiendan puentes que contribuyan al desarrollo de los menos desarrollados. Estar mal conectados nos hace más desiguales, nos impide tener oportunidades y nos aísla. Si algo nos han demostrado estos años es que La Gomera ha caminado y ha progresado, en gran parte, gracias a la mejora de sus conexiones y del transporte.