A partir del próximo mes de septiembre, entrará en vigor el decreto 88/2018, de 18 de junio, aprobado por el Gobierno de Canarias a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, donde se regulan diversos aspectos técnicos y reglas de seguridad para el mantenimiento y revisión de ascensores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que afectan de manera directa a las comunidades de vecinos y demás propietarios de estos aparatos.
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, acompañado por el viceconsejero de Industria, Comercio y Conocimiento, Gonzalo Piernavieja, presentó las novedades de este decreto cuyo objetivo, según el consejero, «es reforzar la seguridad de estos aparatos y de sus usuarios, así como cumplir la normativa estatal vigente, según la cual los ascensores deben superar una inspección técnica obligatoria con una periodicidad determinada».
Ante todo, Seguridad
Según los plazos establecidos por la legislación nacional, los ascensores deben superar una inspección técnica obligatoria cada cuatro años, salvo los de mayor afluencia, que deben ser revisados cada dos y el resto de ascensores (unifamiliares, menos de cuatro paradas, etc.) que deben hacerlo cada seis años.
A partir de este año, los ascensores que no pasen la inspección periódica obligatoria serán paralizados de manera cautelar por el conservador hasta no ser inspeccionados por un organismo de control.
Esta es una de las principales novedades relacionadas con el mantenimiento y la seguridad de los ascensores que comenzarán a aplicarse en Canarias en septiembre.
La nueva norma establece que las entidades conservadoras deben comunicar mediante carta, y en un plazo máximo de dos meses, a los titulares de los ascensores la obligación de cumplir con las inspecciones periódicas obligatorias que regula la norma estatal.
En caso de no hacerlo, el conservador deberá proceder a su paralización.
Según ella, son los propietarios de los elevadores los que deben contratar a un organismo de control para llevar a cabo dichas inspecciones.
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ofrece en su página web un buscador de entidades acreditadas donde se pueden consultar los organismos que cuentan con acreditación en Canarias para llevar a cabo esta tarea.
Además, en la web de la Asociación Canaria de Entidades de Inspección y Control (ACEICO), se pueden consultar los datos de los organismos asociados y pueden también asesorar en estos procedimientos de inspección.
En la actualidad, hay 14 entidades de control que operan en Canarias.
De acuerdo con los resultados que se obtengan en dicha revisión, el organismo de control colocará una etiqueta verde, si el ascensor está en perfecto estado; naranja, si tiene algunas deficiencias que deben ser corregidas en el plazo de seis meses, durante el cual puede seguir operando; o roja si, por el contrario, debe estar fuera de servicio por graves deficiencias.
Otras mejoras de seguridad
Con la entrada en vigor del nuevo decreto, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma, junto con Asturias, en aplicar este tipo de medida, a la que, posteriormente, se adhirió también País Vasco.
La norma refuerza también el papel de las empresas conservadoras, que son las encargadas del mantenimiento de los ascensores.
En este sentido, establece un cronograma o calendario de revisiones que las empresas conservadoras deben cumplir para cada uno de los elementos que componen el ascensor, como son las puertas, el limitador de velocidad o el acuñamiento que frena el ascensor en caso de caída, entre otros.
Además, al término de cada revisión, deberá presentar un informe firmado y sellado con el detalle de las revisiones realizadas.
También están obligadas a mantener un registro de mantenimiento de las revisiones realizadas en los últimos 12 meses, que deberá estar a disposición del titular y órgano competente en materia de Industria.
Otras de las novedades
Dentro de las novedades del decreto también se exige un certificado para la puesta en servicio de los ascensores de velocidad reducida, en el que se verifique que se cumple con el reglamento, y se refuerzan las pruebas y revisiones a las que debe someterse un ascensor para verificar su buen estado antes de reanudar su funcionamiento tras un accidente.
Coincidiendo con la aprobación del decreto, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias puso en marcha una campaña de información, lanzada los meses de abril, mayo y junio en medios audiovisuales y redes sociales, para recordar a los titulares de los ascensores cuáles son sus obligaciones y enseñar a los usuarios a interpretar las etiquetas con las que los organismos de control informan de los resultados obtenidos durante las revisiones de los aparatos.