“Si queremos una Canarias que avance a una misma velocidad, tenemos que garantizar los mismos servicios en todas las Islas y por supuesto, es de justicia que La Palma, La Gomera y El Hierro mantengan el servicio de Inspección Técnica de Vehículos, una vez se liberalice el sistema”.
Así de contundente se manifestó el portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, con respecto a los avances de la nueva ley sobre el Régimen Jurídico de las ITV, que tras la finalización de la Ponencia, continuará su trámite parlamentario para ser aprobada definitivamente.
Curbelo valora el consenso que han alcanzado todas las fuerzas parlamentarias durante la ponencia para garantizar la continuidad del servicio en todas las Islas sin excepción. No obstante, pide a los grupos que garanticen este apoyo en los sucesivos trámites hasta que la norma se apruebe para salvaguardar el interés general.
Reconoce que el Gobierno regional está dando pasos para impulsar la igualdad de oportunidades de todos los canarios, y en especial los residentes de las Islas Verdes, que debido a su condición de doble insularidad siempre han tenido mayores complicaciones a la hora de acceder a un servicio.
Que primer el derecho ciudadano
En este sentido, insiste en la importancia de que prime el derecho del ciudadano con respecto a los beneficios empresariales, ya que según aclara, la entrada en vigor de esta normativa permite la liberalización plena del sistema y la posibilidad de que las empresas se marchen al no obtener la rentabilidad deseada.
Para el portavoz de ASG, “esta ley resulta de vital importancia, puesto que además de ser de obligación pública es fundamental para asegurar la seguridad vial en todas las carreteras del Archipiélago” y por ello destaca que su grupo parlamentario ha incluido varias disposiciones adicionales en las que se insta al Ejecutivo autonómico a salvaguardar el servicio por cualquier vía legal a la que se pueda acoger, tales como la reapertura del sistema de concesiones o incluso la gestión directa del servicio por el propio Gobierno. “Seguiremos defendiendo que, ante la falta de interés por parte de las empresas, el Gobierno asuma la explotación a través de gestión directa o indirecta y asegure los puestos de trabajo”, indica.
Asimismo, celebra el apoyo de los grupos a la enmienda presentada por ASG en la que se insta al Gobierno canario a asegurar unos estándares de calidad y rigor a la hora de realizar las inspecciones que garanticen la mejor respuesta y atendimiento posible al usuario.
