El grupo Pensamiento Socialista 14 de Abril solicita al Cabildo Insular a tomar la iniciativa y liderar la solución al problema de acceso a una vivienda digna que están teniendo jóvenes y familias en la isla, como consecuencia de la escasa oferta y excesivo incremento de precios que no se ve reflejado en un aumento de salarios o de calidad de vida.
Al amparo de la Ley del Suelo y de la Ley de Islas Verdes y bajo el discurso del desarrollo económico de las islas no capitalinas, ha surgido un movimiento económico beneficiario, en parte por la legalización de lo existente y en parte por la generación de nueva oferta alojativa, bajo la denominación de vivienda vacacional, que ha cogido con el pie cambiado a una clase política que no ha sabido prever el impacto transversal de este tipo de actividad en toda su magnitud.
Ha sido tal el impacto a nivel Estatal del crecimiento del mercado de alojamiento extrahotelero que grandes capitales y destinos, como Barcelona, Bilbao, Madrid o Baleares, entre otros, han comenzado a tratar de regular esta modalidad alojativa. Sin embargo, el efecto ha sido aún más desestabilizador puesto que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha emprendido acciones judiciales para tratar de modificar estas normas por entender que limitan el derecho de libre competencia y acceso al mercado.
Ante todo este panorama el gobierno de España ha decidido poner manos a la obra para definir un marco y punto de partida común en su regulación. Una decisión muy aplaudida, por agencias, portales y propietarios, puesto que la descentralización de este sector en manos de las comunidades autónomas y la derivación de estas competencias, por parte de éstas a Cabildos, Diputaciones y municipios, en última instancia, ha contribuido a generar mayores inestabilidades.
Para PS14A, en La Gomera, más aún en municipios como Valle Gran Rey o San Sebastián, parece una realidad innegable que el parque de vivienda privada está abandonando el mercado residencial y el alquiler de larga temporada en busca del incremento de beneficio que supone el uso vacacional, máxime cuando se han eliminado los condicionantes de acceso en función de la clasificación del suelo y no se han establecido para las viviendas vacacionales requerimientos en materia de equipamiento ni calidad más allá de la propia habitabilidad.
Si bien no es la única causa, si parece una temeridad no haber previsto que por el simple mecanismo regulador de los mercados, el crecimiento del número de viviendas vacacionales provocaría, más aún en territorios insulares, un desabastecimiento de viviendas residenciales que implicaría el incremento de los precios y la escasez de viviendas destinadas al alquiler residencial.
Oferta de alojamientos extrahoteleros
Otra de las cuestiones que se deberán vigilar con el incremento de oferta de alojamientos extrahoteleros, será el desembarco en la isla de inversores especulativos en busca de beneficios rápidos, algo que nada tiene que ver con el modelo de desarrollo económico equilibrado y sostenible al que aspiramos y la variación de los precios medios ante un incremento rápido de oferta, puesto que muchas familias que han visto en este tipo de actividad una forma de vida pueden encontrarse en un escenario de descenso del precio medio de los alojamientos por impacto de la disminución de calidad percibida, disposición al pago y saturación del mercado.
En un momento en donde las familias de clase media han desaparecido, los jóvenes no pueden independizarse y dejar la casa de sus padres, o incluso de sus abuelos, y donde muchas familias encuentran su única tabla de salvación en planes de empleo de seis meses, las administraciones insulares, salvo honrosas excepciones, siguen mirando a otro lado sin tratar de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, máxime cuando estas mismas administraciones están contribuyendo a generar un ambiente de especulación en torno a las viviendas.
Familias en La Gomera sin casas de alquiler
Son muchas las familias que en La Gomera ya no encuentran una casa en alquiler para vivir. Es complicado esperar que el tan perseguido desarrollo económico de las economías verdes no vaya a provocar un incremento de la presión sobre el mercado de la vivienda y aún más descabellado pensar que esa presión pueda ser liberada sin la implicación de las administraciones públicas.
Mientras el Instituto Canario de La Vivienda no desarrolle ninguna actividad, más que anecdótica en La Gomera; mientras no se genere un plan estratégico de vivienda coordinado a nivel insular y se garantice una bolsa de viviendas de alquiler suficiente en los diferentes municipios de la isla, muchas familias en esta isla no tendrán más alternativas que destinar más del 50% de sus recursos económicos a un bien de primera necesidad como es un techo bajo el que vivir.
La Gomera necesita generar un parque público de viviendas de ámbito insular, y si no lo hace el Gobierno de Canarias porque a quienes gobiernan no les interesan las islas menores, el Cabildo Insular debe asumir y liderar la coordinación de la intervención municipal en la gestión de dicho parque público de viviendas, al tiempo que los diferentes municipios de la isla deberán asumir la necesidad de la promoción de vivienda pública y de la conservación y gestión de esta bolsa de vivienda como herramienta que permita a las familias el acceso a un vivienda digna, a la que también tenemos derecho.
