El Pleno del Cabildo de La Gomera avaló este viernes el gasto plurianual de 8.444.711 millones de euros para atender a la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y en general, a personas mayores, con diversidad funcional , así como el servicio de promoción a la autonomía personal.
Además, con esta financiación también se cubren los costes para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones.
Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, explicó que “tras el respaldo unánime logrado por el Pleno, daremos paso a la rúbrica del convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para la prestación de servicios a las personas con dependencia hasta el próximo año 2021”.
Este acuerdo contempla una financiación total que roza los 8,5 millones de euros, de los que el Gobierno autonómico aporta un total de 6.214.861 euros, mientras que la Institución insular concede 2.229.850,45 euros. Ambas cuantías se distribuyen en la financiación plurianual 2018-2021.
Más de cien personas mejorarán calidad de vida
Según detalló Curbelo, esta dotación económica permitirá mejorar la calidad de vida de un centenar de personas que podrán acceder a los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía personal, así como la atención residencial. Por otra parte, la financiación también contribuirá al mantenimiento de un total de 125 plazas, de las que 67 son de carácter residencial y 58, diurnas.
El presidente insular aclaró que las próximas anualidades correspondientes a 2019, 2020 y 2021 podrán reajustarse en función de la disponibilidad presupuestaria, con el objeto de adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo, teniendo en cuenta la puesta en marcha del Centro Sociosanitario.
Asimismo, indicó que la firma de este convenio pretende alcanzar la mejora de la cooperación y coordinación administrativa para la gestión de los servicios, aumentar la cartera de servicios que se prestan a las personas con dependencia y, por último, incrementar el número de personas a las que se las ha reconocido la situación de dependencia y por lo tanto, se les concede el derecho a una prestación.
