Esta semana, para Canarias, ha supuesto el fin de un largo trayecto. El nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en el Congreso de los Diputados, sitúa a nuestro Archipiélago al mayor nivel de autogobierno, en el mismo estatus de las comunidades consideradas históricas. Pero además, se logra algo mucho más importante que conviene explicar.
Durante años, el Gobierno central cometió una verdadera felonía con las islas. A la hora de aplicar los criterios de financiación, procedía a “descontar” en los fondos que le corresponderían a Canarias parte del dinero que las islas reciben como impuestos propios, derivados de la Ley de Régimen Económico y Fiscal. Eso suponía que perdiéramos unos cuatrocientos millones cada año. Con este nuevo Estatuto de Autonomía, que es un paraguas donde se integra el REF, eso no va a ser legalmente posible. Los impuestos propios que se recaudan históricamente en las islas están destinados a compensar la lejanía y la insularidad de Canarias y no pueden contemplarse como parte de la financiación que le correspondería al Archipiélago como una comunidad más del Estado.
Ese blindaje legal también afecta a otras injusticias que han sufrido las islas. Como por ejemplo, el incumplimiento sistemático de la Ley del REF que establece que la inversión que el Estado destina a Canarias no puede ser inferior a la media de la inversión estatal en las Comunidades. Ese precepto ha sido sistemáticamente vulnerado al entender los gobiernos centrales que las leyes de presupuestos eran del mismo rango que la Ley de REF. Con su inclusión en el Estatuto de Autonomía, una norma estructurante del máximo nivel, ya no será posible vulnerarla.
El nuevo Estatuto otorga a Canarias las competencias sobre las aguas de las islas y además establece claramente los costos derivados de la doble insularidad, un concepto fundamental para las islas no capitalinas que tendrá sus efectos en toda la legislación y financiación futura en el Archipiélago. Las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo también encuentran su protección en este texto, aportando mayor estabilidad a la subvención del 75% para viajar entre Islas y al resto del territorio nacional, aprobada en los Presupuestos Generales y ahora en el REF, lo que supone un enorme paso para avanzar hacia la cohesión territorial que tanto ansiamos. Son conceptos nuevos e importantes que vienen a cambiar la vida de los canarios y sobre todo, van a proteger el hecho especial que supone vivir en un Archipiélago distante y fragmentado como el nuestro.
El logro que ha consolidado Canarias es el punto final de un largo camino iniciado hace muchos años y que ha supuesto un enorme esfuerzo de diálogo con la administración central del Estado. Y bien está lo que bien acaba, después de todas las vicisitudes que se han vivido. Pero lo importante no es lo que se ha conseguido, sino lo que se tiene que conseguir. Las nuevas leyes sólo son herramientas que nos deben permitir trabajar más y mejor por el bien de todos los ciudadanos que viven en las islas. Ahora mismo, la tarea que está pendiente es pensar en las nuevas cuentas de la Comunidad Autónoma porque la realidad que existe sigue siendo hoy la misma que ayer.
Hemos puesto a salvo nuestras peculiaridades y es previsible que nuestra financiación vaya recuperando los derechos perdidos. Ahora resultará fundamental que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las islas para aprovechar el superavit presupuestario para inyectarlo como financiación extraordinaria a la mejora de los servicios públicos que se han deteriorado después de diez años de recortes. Y que el Gobierno de Canarias sea capaz de negociar unos presupuestos para el próximo año, donde todo el esfuerzo económico vaya destinado a las personas que más lo necesitan, a los segmentos de población más castigados por la pobreza y la escasez de recursos, bien a través de servicios, bien a través de políticas sociales y de la incentivación a la creación de empleo.
Conviene tener presente esta necesidad y no dormirnos en los laureles del éxito. El nuevo Estatuto de Autonomía va a ser una realidad, de la que todos tenemos que alegrarnos. Pero lo importante es lo que vamos a hacer con esa realidad en la que tendremos mejores y mayores instrumentos para conseguir más justicia social y mayor equidad en el reparto de la riqueza. Eso incluye —y mucho— a las islas más favorecidas y más despobladas de Canarias. Esas islas castigadas por la ruptura del equilibrio electoral, que también han colado de rondón algunos partidos políticos en el nuevo estatuto, con la oposición de Agrupación Socialista Gomera que lo considera claramente una injusticia y un error histórico del que algún día se pagarán las consecuencias.