La senadora de Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, se mostró satisfecha este miércoles después de que las negociaciones con el resto de formaciones facilitaran un acuerdo para la aprobación de una moción en la que, entre otras medidas, se pide al Gobierno la creación de una línea de subvenciones para el autoconsumo energético compatible con el medioambiente en municipios con menos de 10 mil habitantes.
Según Castilla, este paso dado permitiría a la totalidad de localidades gomeras sumarse a esta línea de ayudas cuya ejecución definitiva dependerá de la voluntad del actual Ejecutivo central, “esperamos que lo pongan en marcha cuanto antes”. “Las energías renovables y el fomento de su consumo debe ser una apuesta decidida hacia el cambio de política energética que hemos padecido en España durante los últimos años”, comentó.
Este nuevo marco que propone la moción facilitaría la ejecución de proyectos de autoconsumo con cargo a estas subvenciones en todo el territorio insular, una situación que actualmente no se contempla en el Real Decreto 606/2017.
La senadora agregó que no comparte el desaprovechamiento de los recursos naturales y lamentó la reducción del 16,3% en la producción de energías limpias durante 2017. Así, insistió en la necesidad de una ampliación de las dotaciones presupuestarias destinadas al autoconsumo, así como a campañas de concienciación sobre la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.
Aludió a la política energética de la Unión Europea y expuso que el camino marcado desde las instituciones comunitarias tiene que ser el mismo que tome España. Así, recordó el compromiso del Parlamento Europeo de que en 2030 el 32% de las energías consumidas sean de fuentes renovables, por lo que insistió en articular nuevas medidas a fin de cumplir los objetivos PANER.
Por este motivo, reiteró una modificación de la actual legislación vigente, con el objetivo de fomentar las energías renovables y el autoconsumo, con dos metas primordiales: por un lado, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático; y por otro, fortalecer a los consumidores energéticos, a fin de reducir su factura eléctrica. Todo ello, en respeto de la aplicación e interpretación uniforme del derecho europeo.
