GOMERANOTICIAS.- La isla de La Gomera sigue sufriendo largos retrasos para tramitar y realizar los expedientes de valoración del grado de dependencia. Según ha podido conocer el periódico digital ‘Gomeranoticias’, la única persona que prestaba el servicio de atención por parte del Gobierno de Canarias en los módulos habilitados por el Cabildo Insular de La Gomera en la capital insular, vuelve a estar de baja laboral a lo que viene a sumarse una situación que ya se repitió durante un año con anterioridad.
Esta circunstancia supone que se acumulen nuevamente los expedientes sin resolver, que perjudican a los ciudadanos que están pendientes de esta resolución para poder recibir las ayudas que les corresponden.
A esta situación, inevitable por otra parte, se suma que el Equipo de Valoración del Grado de Dependencia se desplaza con muy poca asiduidad a La Gomera, “lo que genera graves problemas en un servicio que se considera esencial”.
La carencia de medios ante este cúmulo de circunstancias retrasa la actividad burocrática, y, por ende, los expedientes, de vital importancia para extender a la ciudadanía un derecho que se ve limitado especialmente estos momentos de máxima dificultad y necesidad, máxime cuando se trata de dependientes, enfermos o en definitiva, personas que necesitan que una prestación de estas características se agilice en el tiempo.
Lo que se considera “un auténtico drama’ para las personas perjudicadas, que en muchos casos sus familias ven aprobadas sus solicitudes después del fallecimiento, que por desgracia, se da en muchos casos.
Los últimos datos que constan, aportado por la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, corresponde a más de un año. En ese momento se confirmó que había en La Gomera 144 personas a la espera de la valoración.
Cabe recordar que una iniciativa parlamentaria de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) presentada a finales del mes de septiembre de 2017, ya se demandaba que el equipo de dependencia se desplazara con más frecuencia a la Isla, al objeto de aligerar los plazos de valoración “a tiempos razonables”.
