Resulta muy preocupante que, en esta segunda década del siglo XXI, se constate la ausencia de una adecuada información sexual entre nuestros chicos y chicas adolescentes. Lo que tiene graves consecuencias. Entre ellas, los elevados porcentajes de embarazos de menores de edad, en los que Canarias se sitúa a la cabeza del Estado. Las elevadas cifras, también, de interrupciones voluntarias del embarazo entre las franjas de edad más jóvenes -una parte significativa, casi dos tercios, pese a que dicen estar utilizando métodos anticonceptivos en sus relaciones-. Asimismo, el repunte de las enfermedades de transmisión sexual.
Las administraciones públicas no pueden obviar esta realidad y están obligadas a actuar para modificarla. Desde los distintos ámbitos, fundamentalmente el educativo y el sanitario, para romper con las actuales y negativas tendencias que lastran a nuestros jóvenes y, muy especialmente, a las mujeres.
Desgraciadamente, buena parte de la información sexual que recibe nuestra gente joven no procede, por distintas razones, ni de la escuela ni de las familias que, junto a los medios de comunicación, deberían ocupar un papel privilegiado en la misma. Proviene de la calle, de las amistades y de un mundo, el de Internet y las redes sociales, en las que se encuentra muy presente la pornografía, una visión absolutamente machista de la sexualidad y una reiterada cosificación de las mujeres, convertidas en objetos de placer para los varones.
Una concepción muy alejada, en fin, de una sexualidad responsable, equilibrada, igualitaria y que no discrimine a las mujeres ni imponga un modelo machista.
Harimaguada
Canarias contó en las últimas décadas del pasado siglo y hasta el año 2004 con un programa de Educación Sexual, impulsado por el colectivo Harimaguada e integrado en nuestro sistema educativo, que llegó a ser de los más avanzados y prestigiados del conjunto del Estado español. Colaboró en la formación de docentes y alumnado en el ámbito de la educación afectivo sexual. Otras comunidades autónomas implantaron entonces modelos siguiendo las pautas del vigente en nuestra tierra.
Este programa fue eliminado del sistema educativo canario en 2004 sin que se argumentara semejante decisión -como si ya estuviera cubierta esta formación y no fuera preciso continuar con sus actuaciones- ni se le sustituyera por otro que garantizara lo que es un derecho de nuestros alumnos y alumnas: contar con los conocimientos básicos que faciliten afrontar la sexualidad con bienestar, dignidad y en plena igualdad de géneros, en consonancia con las recomendaciones al respecto de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
En la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2010, se define a la salud sexual como “el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia”.
Formación integral
Incluyendo entre los objetivos de actuación de los poderes públicos, “la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo, la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva o la información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no deseados”.
Igualmente apunta por un enfoque integral que promocione una visión de la sexualidad “en términos de igualdad entre hombres y mujeres” y que prevenga la violencia de género, abusos y violaciones, así como impulse la aceptación de la diversidad sexual.
Los embarazos de adolescentes constituyen un auténtico drama social. Son exclusivamente ellas, a veces con la colaboración de sus madres y abuelas, las que se hacen cargo de los hijos e hijas, sin disponer de la suficiente madurez para la importante tarea de crianza que tienen por delante. Ni de recursos económicos. En la práctica totalidad de los casos supone el abandono prematuro de los estudios y, por tanto, peores condiciones para acceder posteriormente al mercado de trabajo. Dibujando unas perspectivas futuras de baja cualificación y empobrecimiento que condenan a las jóvenes madres y a sus descendientes.
Ahora que todas las formaciones políticas -también la que sustenta al Gobierno canario- parecen estar de acuerdo en incrementar los recursos educativos, planteando que en los presupuestos de la comunidad canaria para 2019 se llegué al 4% del PIB, para ir acercándonos a lo que estipula la Ley Canaria de Educación, se han puesto sobre la mesa algunas de las prioridades del sistema.
Entre ellas, la ampliación de la oferta de la educación infantil de cero a tres años, las mejoras en el aprendizaje de idiomas y una mejor adecuación de la Formación Profesional al mercado laboral de las Islas. Otras intervenciones hacen referencia a la atención a la diversidad, en la que presentamos importantes déficits. Para alcanzar, en definitiva, un sistema educativo de más calidad, más integrador, de mayor equidad.
Junto a esas indudables prioridades, así como la disminución de las actuales y elevadas ratios, considero que nos encontramos ante una oportunidad para recuperar los programas de educación afectivo sexual, que nunca debieron eliminarse. Desde los distintos ámbitos institucionales, Nueva Canarias se compromete a apoyar esa reincorporación que, con toda seguridad, incidirá positivamente en las jóvenes generaciones para afrontar una sexualidad plena, desde el respeto y el consentimiento mutuo, contribuyendo al bienestar de los chicos y chicas y a la superación de los estereotipos de género.
