Natividad Arnáiz, diputada del Grupo Parlamentario Podemos Canarias y presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara regional, ha instado al Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo a que apruebe por Ley el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, que llevan “más de siete años” esperando por ello.
“Hemos preguntado en varias ocasiones a la Consejería de Presidencia, que dirige José Miguel Barragán, y hasta tres veces nos dijo que sería en diciembre de 2017, pero ya estamos finalizando el año 2018 sin que haya cumplido esa promesa”, ha asegurado.
Arnáiz, que ha sido quien ha solicitado la comparecencia de Diego Moguel, presidente de la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (Aptoca), ha incidido en la incongruencia que supone que la Consejería de Educación haya efectuado recientemente “13 contrataciones sin que exista un colegio profesional”.
Asimismo, ha hecho hincapié en que “no se haya incluido la necesidad de que existan terapeutas entre los requisitos para concertar con clínicas privadas”.
Para la formación morada es inconcebible que, a pesar de que la falta de un Colegio Profesional ha hecho que el intrusismo en esta prestación sanitaria haya superado el 75 por ciento (tal y como aseguró Moguel antes de su comparecencia), el Gobierno de Canarias siga mirando para otro lado al respecto.
“Esto afecta a la ciudadanía en general y a las personas con discapacidad especialmente, es una profesión necesaria que garantiza la salud y el bienestar de todos los canarios”, argumentó la diputada del grupo morado. “Que la falta de control de hoy supondrá que mañana muchas personas puedan ser dependientes por falta de una atención que además debe existir por ley. La falta de inversión de hoy supondrá un mayor gasto mañana y lo que es peor, el deterioro irreversible de la salud de muchas personas”, zanjó Arnáiz.
La asociación ha registrado ya nueve denuncias por intrusismo laboral y hay varias clínicas concertadas que también han sido denunciadas por ello.
Arnáiz considera alarmante la inacción del Gobierno canario, máxime cuando se han presentado más de 12.000 firmas en el Parlamento para que se apruebe una iniciativa que cuenta con el apoyo de los cabildos, ayuntamientos y 40 colectivos y asociaciones científicas.