El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, considera que los grupos políticos están a tiempo de “dejar atrás sus egos partidistas, conveniencias e intereses propios y abandonar las líneas rojas que impiden avanzar hacia unos presupuestos más justos y sociales con el Archipiélago y que luchen por mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables”
Políticas sociales
En este sentido, pide que se pongan sobre la mesa partidas específicas para la puesta en marcha de políticas sociales que permitan prestar una atención especial al colectivo de mayores, ya que la población de Canarias en islas como como La Gomera, La Palma y El Hierro presenta un alto índice de envejecimiento.
Otro de los asuntos prioritarios que destaca Curbelo es la mejora de la inversión productiva, lo que redundará en la creación de empleo, “una cuestión fundamental para ayudar a los más de 200.000 canarios que siguen buscándolo”. Apunta a la necesidad de reforzar las cuantías destinadas al fomento del empleo juvenil, que sufre una alta tasa de paro, así como una mayor apuesta por impulsar las pymes y mejorar las condiciones de los autónomos, que son los que más puestos de trabajo generan.
Política fiscal
Respecto a la política fiscal, matiza que debe ser adecuada, y que en el caso de que se plantee una rebaja del tipo general del IGIC, pide que se estudien las medidas oportunas para que no influya en el gasto social ni se vean mermados los recursos de los ayuntamientos y cabildos canarios.
Curbelo recuerda que las cuentas deben atender con recursos suficientes a las tareas pendientes que presentan las Islas, como es un servicio sanitario de calidad, sobre todo en las islas no capitalinas que son las que presentan mayores carencias, mejorar la atención a la dependencia y a las personas con discapacidad, así como reformar la PCI para que no tenga fecha de caducidad y dotar al segundo plan contra la pobreza y la exclusión social de la ficha financiera necesaria.
Además, insiste en reivindicar al Estado que Canarias pueda emplear los 598 millones de euros de superávit en los servicios esenciales y hacer frente a la pobreza y la exclusión social, al tiempo que se mejoran los servicios públicos como la sanidad, educación y la vivienda.
