Sí se puede promueve en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey una moción para incentivar e impulsar el uso del registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida entre la población del municipio, para su debate en el pleno que se celebra a finales del mes de octubre.
El portavoz y concejal ecosocialista, Guzmán Correa, recuerda que en septiembre de 2011 se aprobó la Ley estatal 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, “para que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con los hombres y favorecer la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados”.
Además de la propia cotitularidad, el texto legal incluye más beneficios, al pretender animar a las mujeres a dar el paso para registrarse como cotitulares de las propiedades y prever que las instituciones autonómicas se encarguen de poner en marcha acciones para concretar este impulso.
A juicio de Sí se puede, “es necesario dar un impulso político a una ley que tiene como grandes obstáculos la falta de información de las personas beneficiarias, así́ como al funcionariado y los trámites burocráticos dificultosos”, asegura el portavoz. “Además, no basta con instar a las instituciones que tienen competencia directa en el asunto, sino que es necesario que la promoción del registro de titularidad compartida se convierta en un asunto de interés estratégico para nuestro municipio y para La Gomera”, subraya.
Ya en Canarias, se tuvo que esperar 5 años para comenzar a aplicar la Ley de Titularidad Compartida, hasta el 2016, para ver cómo el Gobierno Autónomo habilitaba el REACT- Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida, pero al igual que sucede en el resto del Estado en Canarias no ha tenido el impacto esperado.
“Solo tres mujeres, según los datos regionales que se manejan, han reclamado acogerse a esta normativa, una cifra ridícula para el peso que siempre ha tenido el colectivo femenino en explotaciones agroganaderas y en estas cifras tiene mucho que ver la ausencia de información y promoción de la medida y los beneficios que conlleva” abunda Correa.
“Si una mujer en La Gomera quisiera conocer en qué consiste el registro para valorar con mayor criterio si le interesa o no esta medida, solamente podrá acceder a una página del Gobierno de Canarias donde aparecen las normativas y los requisitos, pero no encontrará nada sobre los beneficios ni una guía práctica sencilla para conocer el tema, mientras que si hiciera una consulta telefónica, comenzaría un rosario de llamadas entre las diferentes áreas de la Consejería de Agricultura, encontrándose incluso con personal técnico que no sabe a qué se refiere con titularidad compartida”, destaca el portavoz. Más aún, si la información que busca es relativa a los beneficios de registrarse, “le dirían que nadie le va a facilitar esa información porque no está en ningún lugar”.
La moción plantea una serie de acuerdos, encabezados por el de instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a ampliar el porcentaje de bonificación a la Seguridad Social y eliminar los límites de edad para acceder a la titularidad compartida, así como a ampliar las bonificaciones a otros grupos de edad.
De aprobarse la moción, el Ayuntamiento instaría también al Gobierno de Canarias a adoptar una serie de medidas, como la puesta en marcha de campañas de difusión, elaboración de una guía clara y didáctica para darlo a conocer a potenciales beneficiarias y beneficiarios, facilitar acceso telemático a la información, desarrollo de una política de subvenciones directas y medidas fiscales para las mujeres cotitulares de explotaciones agrarias y formación técnica al cuerpo de funcionarios públicos vinculados a la gestión del registro.
Las peticiones dirigidas al Cabildo de La Gomera proponen la participación de las Oficinas de Extensión Agraria. Por su parte, del Ayuntamiento de Valle Gran Rey se requiere la implicación en la difusión del material didáctico y la atención de la ciudadanía por una persona adecuadamente formada en el asunto. Igualmente, se pide el compromiso de distintas áreas municipales en la organización de charlas en las zonas rurales del municipio. Desde Sí se puede se espera que estas medidas cuenten con una partida presupuestaria específica para este fin en los presupuestos 2019.
