Agrupación Socialista Gomera defenderá, este jueves, en la Cámara Alta, tanto en la Ponencia como en la Comisión General de Comunidades Autónomas, sus enmiendas a la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Tal y como adelantó hace una semana la senadora, Yaiza Castilla, son cinco enmiendas dirigidas a corregir los desequilibrios que produce la propuesta de reforma del sistema electoral de las islas, la clarificación de la doble insularidad y sus sobrecoste, así como una consulta vinculante, dentro del texto estatutario.
La representante gomera explicó que ASG reiterará la necesidad de que el articulado del nuevo Estatuto tenga en consideración, claramente, la doble insularidad y sus sobrecostes: y se incluyan referencias a las soluciones y compensaciones “creadas por las diferencias existentes en el desarrollo interinsular, aparejadas a la doble insularidad”.
En esta materia, Castilla, aseguró que se deben atender estos sobrecostes dentro de las políticas presupuestarias y actuaciones legislativas que desarrollen tanto el Gobierno del Estado, como el Gobierno de Canarias, “porque la vertebración de las Islas pasa por una correcta redistribución de los fondos, atendiendo a estas desigualdades, porque juntos debemos trabajar por la cohesión territorial de todas las islas
Las enmiendas presentadas también recogen modificaciones a la reforma del sistema electoral. En esta línea, la senadora argumentó que se debe atender a la rebaja de los topes electorales, pasando del 30% al 15% en la circunscripción insular, y rebajando hasta el 3% en el ámbito autonómico. Asimismo, propone que la reforma del régimen electoral deberá ser aprobada por dos tercios de la Cámara autonómica, y el número de diputados y diputadas que la conformen no podrá ser inferior a 50 ni superiores a 70.
Por último, Yaiza Castilla adelantó que las propuestas incluyen, además, que cualquier modificación en el articulado del Estatuto tendrá que ser sometida a una consulta vinculante. De esta forma, después de ser aprobado por mayoría de tres quintos de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias, y por Ley Orgánica en las Cortes Generales, tendría que ser refrendado, además, por la ciudadanía canaria.