La semana que hemos dejado atrás ha sido, probablemente, la más importante que ha vivido Canarias desde hace muchos años. Para construir se necesitan herramientas. Y estas Islas estaban necesitadas de hacerse con más y mejores herramientas para transformar una realidad con la que pocos estamos contentos. Tenemos retos de desigualdad, de pobreza y de cohesión social que debemos solucionar más pronto que tarde.
Con la aprobación del nuevo Estatuto y la Ley del REF, las Islas se ponen en la pista de salida de una nueva realidad cuyos resultados empiezan a verse. Los últimos tres años han supuesto una mejoría de los malos indicadores de nuestra región en términos de renta por habitante y en la reducción de la tasa de desempleo. Pero eso no es casualidad, sino el fruto de una mejor financiación que nos ha permitido atender las necesidades de los ciudadanos de las islas.
En ese camino, estos días han servido para cerrar la crispación y el desencuentro con Madrid. Más allá de que no fuera su responsabilidad, los enfrentamientos no conducen a nada cuando uno es sólo un intermediario entre las instituciones y los ciudadanos. La foto del encuentro entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo habla de un regreso a la senda de la normalidad en las relaciones institucionales en la que los isleños nos jugamos tanto.
Sin embargo, hay cuestiones preocupantes. Se ha instalado como normalidad que los asuntos presupuestarios se vayan retrasando hasta el final de los ejercicios, causando enormes retrasos en las inversiones públicas y lesionando los intereses de los administrados. Y eso no se puede admitir como normal, porque constituye una grave distorsión de la vida pública. Las políticas se hacen con los presupuestos, con el gesto público que viene de los impuestos con que se carga a la sociedad. Y los retrasos perjudican precisamente a quienes pagan.
En estos días sabremos de boca del presidente Clavijo lo que va a pasar con el gran asunto pendiente: la posibilidad de destinar el superávit de Canarias a servicios públicos esenciales en las islas. Muchos tenemos perfectamente claro que es una cuestión de justicia que la comunidad más castigada por la crisis y por los recortes, la más perjudicada por la austeridad indiscriminada que practicó Madrid, pueda recuperarse de los daños estructurales causados por un ‘periodo negro’ en la financiación de materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. No es de recibo que Canarias dedique a pagar su deuda unos recursos que son más necesarios ahora mismo para dotar las prestaciones sociales, para eliminar las listas de espera o para reforzar las plantillas de los servicios públicos. Canarias es una de las comunidades menos endeudadas del Estado y por lo tanto la medicina que se está aplicando a otros, que no han hecho la tarea, no es la adecuada para los ciudadanos de estas islas. Máxime cuando a otras comunidades se les está refinanciando la deuda pública de manera extraordinaria. No se puede tratar igual a los desiguales.
El presidente Sánchez ha pospuesto la respuesta sobre el gasto del superávit presupuestario a la próxima discusión de las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado. Pero lo que no puede hacer el Gobierno de España es hacer sus encajes de control del déficit sobre las costillas de las comunidades más pobres y que presentan peores indicadores en el Estado. Tengo la esperanza de que un gobierno comprometido con la causa social sea sensible con una tierra que aún sale en las encuestas de pobreza encabezando los peores ratios, pese a la ligera mejora registrada en nuestra economía. Como también me cabe la esperanza de que estas nuevas leyes con las que cuenta Canarias tengan realmente en cuenta la doble realidad existente en el archipiélago donde existen islas con peor calidad de vida, peores servicios públicos y peores indicadores de desarrollo.
Frente a lo que muchos piensan, el trabajo no sólo no ha acabado sino que acaba de empezar. Mejorar la financiación de Canarias supone que existen más recursos.Y supone que hay que atender a los que más lo necesitan, en términos sociales y en términos territoriales. Como representantes de una isla que padece claramente los problemas de la doble insularidad en Agrupación Socialista Gomera somos conscientes de que ahora más que nunca es el momento de levantar la voz de los que menos tienen y más necesitan.
