En Canarias existe una modalidad muy interesante de Formación Profesional, los Programas de Formación Profesional Adaptada (PFPA). Son ciclos que orientan a la adquisición de una Cualificación Profesional de Nivel 1 y facilitan la inserción laboral al alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad, trastorno del espectro autista, etc.). De esta manera, estas chicas y chicos tienen algo más de posibilidades de acceder en el futuro a un puesto de trabajo mediante adaptaciones curriculares y metodológicas en estos ciclos.
Bueno, no exactamente en Canarias. Siendo precisos los centros que imparten estos programas se encuentran en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. No existen en La Gomera y el Hierro.
El argumento tan irresponsablemente esgrimido no es otro que el de la escasa “demanda” de alumnado, la cual no parece suficiente como para poner en funcionamiento dichos programas. Por lo menos tienen la deferencia de reconocer la existencia de estas chicas y chicos, pero lamentablemente no están a la altura de unas ratios absurdas e imposibles de alcanzar en La Gomera y el Hierro, con poblaciones de 22.000 y 10.000 habitantes respectivamente.
La alternativa para muchas familias de estas dos islas es irse a vivir a Tenerife, si es que tienen casa allí. Si no pueden hacer eso, no les queda otra opción que rebajar las expectativas de futuro de sus hijos e hijas y “tenerlos en casa”.
Muchas veces normalizamos discursos del estilo “no pasa nada, puede irse a Tenerife”, muy parecidos al “no pasa nada, las sesiones de quimioterapia te las damos en Las Palmas” que recibe un conejero. ¿Esa es la canariedad que tanto nos venden? Sugerir mandar a una persona con discapacidad a otra isla, por muy acogida que esté, revela mucho sobre la calidad humana de la persona que lo propone. Deberían mostrar un poco más de empatía y ponerse en la piel de las familias, que ya realizan un esfuerzo cotidiano sin apenas ayudas. Ellas más que nadie saben lo que es atender a personas con necesidades específicas de apoyo educativo y niveles de autonomía e independencia muy distintos a los ordinarios.
No podemos usar criterios economicistas cuando hablamos de servicios sociales en islas no capitalinas. Sería impensable eliminar el hospital en La Gomera sólo porque la isla tenga la población de un barrio de Santa Cruz, ¿por qué no se hace lo mismo en el ámbito educativo? ¿Acaso un estudiante con discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista gomero o herreño no tiene derecho a recibir la educación que mejor le prepare en su futura inserción laboral?
Para los chicos y chicas con discapacidad no es suficiente con sentirse queridos en los centros educativos. La verdadera inclusión pasa por no negarles el futuro y por dotar a la educación pública con los recursos necesarios para que puedan continuar formándose en su propia isla, en la que tienen derecho a construir sus proyectos vitales y los de sus familias.
