Un kilómetro de carretera cuesta lo mismo en Gran Canaria que en El Hierro. Digo mal, cuesta bastante más en esta última isla debido a los sobrecostos derivados de la doble insularidad. Teniendo este dato claro, si uno divide el costo de una obra entre los habitantes de El Hierro, que son diez mil, saldrá una cifra estratosféricamente elevada en relación a la inversión ‘per cápita’. Con casi ochocientos cincuenta mil habitantes, en Gran Canaria ocurre lo contrario: cualquier inversión, por grande que sea, al repercutirse en toda la población, dará una cifra relativamente baja.
La última polémica que se ha producido en Canarias se basa precisamente en la consciente utilización de las engañosas cifras que se refieren a las inversiones divididas por la población de cada isla. Instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, por boca de su presidente, han denunciado el desequilibrio existente en las inversiones en nuestro Archipiélago. Y ha manejado como argumento precisamente ese: la simple división del monto de las inversiones por la población insular.
Siguiendo esa curiosa manera de analizar las inversiones, si en Gran Canaria se invirtieran 85 millones de euros y en El Hierro solo un millón, se podría afirmar que las dos islas cuentan con la misma inversión ‘per cápita’. Pero todo el mundo tendría muy claro que el importe de las inversiones es muy distinto.
Existe una visión neocapitalista de la sociedad que cuenta a los seres humanos como piezas de una caja registradora. Los ciudadanos no son personas, con sus necesidades específicas y distintas, sino simples elementos numéricos. Y en Canarias se ha puesto tristemente de moda que el peso de la población esté por encima del peso de las necesidades de la población. Que el número de habitantes de una isla sea el único elemento que determine de forma matemática y fría la cantidad de recursos que se asignan a los territorios. Y este argumento vale igual para las inversiones que para repartir escaños en el Parlamento regional.
La realidad de Canarias es la siguiente: hay dos islas y dos capitales que lo tienen todo y quieren más. Cada vez que escucho el argumento de que se está invirtiendo más en una isla ‘menor’ o que existe un exceso de solidaridad con los canarios de las islas no capitalinas, siento una profunda indignación. De los ocho mil millones del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias ¿cuánto se gasta en Tenerife y Gran Canaria? Prácticamente todo. Porque las dos grandes capitales son las sedes de las instituciones del Gobierno y en ella trabajan la práctica totalidad de las decenas de miles de funcionarios. Porque allí están los grandes centros hospitalarios y las universidades, los grandes puertos y aeropuertos, las grandes infraestructuras.
¿Cómo es posible que a pesar de esta evidencia desde Gran Canaria se siga reclamando más y más recursos con una voracidad insaciable? Canarias sería muy distinta si las sedes del Gobierno de nuestra comunidad estuvieran repartidas en las siete islas, en vez de estar concentradas en dos. Pero hemos admitido como ‘normal’ que las dos grandes islas se auto adjudicaran en su día todo el poder institucional. De la misma manera que hemos admitido como normal lo que ya he denunciado en varias ocasiones: la equivocada distribución de la población que se está produciendo en Canarias, que está produciendo la concentración de grandes masas de seres humanos en unas islas mientras en otras se está produciendo el fenómeno contrario: el estancamiento y el envejecimiento poblacional debido, precisamente, a la falta de expectativas de desarrollo que impiden tener una vida plena y feliz.
Desde la izquierda se defiende un modelo de sociedad basado en la justicia social. Eso significa que los que más tienen deben aportar a los que menos tienen, para producir, en el transcurso del tiempo, la convergencia social. Quienes más gritan en contra de ese trasvase de riqueza, quienes se aferran avariciosamente a supuestos derechos poblacionales, ni están en el mundo de la izquierda ni en el de la igualdad. Pretenden mantener eternamente dos tipos de ciudadanos canarios: los que reciben mejores servicios públicos y los que no. No se puede tratar igual a los desiguales. Ni se pueden contabilizarlas inversiones dividiéndolas entre las personas como si fueran cabezas de ganado.