Las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a Carlos García Juliá quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, según han informado a efe fuentes de la investigación.
Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que contaba con 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, y que fue condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1980 a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.
Agentes de la Policía Nacional se han desplazado a Brasil para tramitar la extradición de García Juliá y para participar en una rueda de prensa con los agentes de este país que han llevado a cabo el arresto, según han explicado las citadas fuentes.
García Juliá fue condenado junto a Francisco Albaladejo, José Fernández Cerrá y Leocadio Jiménez Caravaca al considerar probado que constituían un «grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España».
En enero de 2017, cuarenta años después de la matanza de los abogados de Atocha, la Audiencia Nacional informó de que seguía a la espera de que el Gobierno de Bolivia se pronunciara sobre la solicitud de extradición de García Juliá, que huyó durante un permiso otorgado en 1992 y años después fue localizado en el país latinoamericano, donde se le detuvo por tráfico de drogas.
El crimen contra el despacho del PCE y Comisiones
El 24 de enero de 1977 por la noche, tres pistoleros de la extrema derecha irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas vinculado al PCE y CCOO. Murieron Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira, mientras que Alejandro Ruiz-Huerta, Dolores González, Miguel Sarabia y Luis Ramos resultaron heridos. Estos dos últimos ya han fallecido.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también pertenecía al despacho. Ella no se topó con los pistoleros porque cambió el lugar en el que iba a reunirse con sus compañeros.
El crimen, al que sucedió un cortejo fúnebre organizado por el entonces ilegalizado PCE por el centro de Madrid, se produjo seis meses antes de las primeras elecciones de la reinstauración democrática.