La FeSP UGT Canarias ya había denunciado desde el mes de septiembre, durante la negociación del III Convenio regional del sector, que las empresas no firmarían un nuevo convenio hasta asegurarse un hueco en la próxima licitación. Todo comenzó cuando los sindicatos mayoritarios convocaron una huelga para reivindicar una subida salarial menor que la adelantada por la Consejería de Sanidad en marzo y que tenía presupuestada la Administración para dicho sector. Dicha subida consistía en la actualización de las tablas salariales correspondientes para 2018 de un 4% y una serie de medidas sociales que se habían solicitado en diversas reuniones con el gerente de Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), y el director general del Servicio Canario de Salud.
Desde el principio la UGT no participó en este teatrillo, dado que, como ya denunció, tanto CCOO y USO, como patronal y Gobierno, tenían como intención la firma de un convenio con una subida salarial mucho menor, como finalmente se concretó. Como ya se ha demostrado, el III Convenio no cumple las expectativas, ni económicas ni laborales, de los trabajadores y condena a las plantillas a la precariedad, con una pérdida de derechos inaceptable. El nuevo texto normativo perjudica gravemente a la conciliación familiar y elimina la cláusula de estabilidad laboral que introdujo UGT en el II Convenio, según la cual se impedía cualquier tipo de despido, excepto el disciplinario.
Los grandes beneficiados por este III Convenio son las patronales y el propio Ejecutivo Regional. Las patronales han conseguido seguir mermando las, ya de por sí, pobres condiciones laborales de los trabajadores del sector de las Ambulancias, gracias a una ridícula y negligente actuación de CCOO y USO.
Nueva licitación
Para la FeSP UGT Canarias, la contraprestación de la Administración a las patronales es permitir que continúen con el servicio, a pesar de haber finalizado las licitaciones y las propias prórrogas. El consejero José Luis Baltar prometió que la licitación se realizaría en abril, aunque ya es un hecho que incumplirá el plazo que él mismo se dio. Recordar que la actual prórroga caduca el próximo 31 de diciembre del 2018.
La FeSP UGT Canarias, al percatarse de las verdaderas intenciones de patronales y Consejería, trasladó a los Grupos Parlamentarios una reivindicación histórica de los trabajadores del sector: el rescate del Servicio por parte del Gobierno. De esta forma se pondría fin a la anomalía de que un Servicio Público de carácter esencial deba ser objeto de especulación, permitiendo que se haga negocio con el transporte sanitario.
Una votación reñida
Este sindicato, con la colaboración de PODEMOS y PSOE, impulsó desde septiembre una PNL que fue votada el pasado 13 de noviembre. La votación finalizó con 24 votos en contra, 21 a favor y 6 abstenciones. CC y PP votaron en contra y NC se abstuvo, justificando su voto con un argumento falso, ya que afirmaron que legalmente no era posible. Como ya ha demostrado la UGT, la subrogación es posible y está respaldada ya no solo por una sentencia del Tribunal Constitucional, sino por una sentencia ganada por UGT en el TSJC. El personal sanitario subrogado no pasaría a ser funcionario como adelantaban algunos portavoces, ya que las empresas públicas no se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), sino por el Estatuto de los trabajadores (ET) o por el convenio colectivo en vigor.
Tras el resultado de la PNL y la abstención también del Grupo Mixto (Agrupación Socialista Gomera), la UGT solicitó una reunión con dicha formación, donde una vez aclarado los puntos que causaron su abstención, se preparó una enmienda a los presupuestos. Dicha enmienda no se pudo registrar al poner en riesgo múltiples acuerdos de dicho Grupo Mixto con los presupuestos para el año 2019 con CC Y PP.
Estas iniciativas parlamentarias son solo los primeros pasos de una lucha que se prevé larga, pero que sin duda finalizará con la consideración de que este servicio sanitario terrestre sea considerado, por fin, de interés general y sea gestionado por la empresa pública GSC, ya que fue creada para tal fin. Para UGT supone un atraso que un servicio público como este continúe privatizado.