Pese a la polémica inicial, la Ley de Islas Verdes ha sembrado mayores oportunidades para La Gomera, La Palma y El Hierro y recoge ya sus primeros frutos. Son muchos los sectores que no dudan en resaltar los beneficios de una legislación que elimina trámites y simplifica la burocracia, a la vez que ofrece un punto de vista más cercano a la realidad de unos territorios que son diferentes y precisaban de una actuación particularizada a cada una de estas Islas.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, considera que la normativa ha sido fundamental para avanzar hacia un desarrollo turístico sostenible de La Gomera. No obstante, anuncia que está previsto que en breve se apruebe una nueva Ley de Islas Verdes que mejora el texto anterior en algunos aspectos técnicos, con el objetivo de clarificarlos y de que tengan una mayor utilidad para la ciudadanía. “Se trata de una mejora técnica que permitirá desbloquear en mayor medida las cuestiones relacionadas con la ordenación de la actividad turística en La Gomera, La Palma y El Hierro, que recoge las demandas que nos ha trasladado la ciudadanía de las que los cabildos nos hemos hecho eco”, sostiene. “Las leyes no son instrumentos anquilosados sino una normativa viva que debe adaptarse y evolucionar para dar respuesta a las demandas de la sociedad de cada momento”, matiza.
Además, asegura que con esta nueva norma, “se seguirá desarrollando y fortaleciendo nuestra firma turística singular dentro de Canarias, que ha logrado que, a pesar del parón en el turismo en el resto de Islas, La Gomera mantenga récord de ocupación”.
Por su parte, el arquitecto, Ángel Caro, se muestra satisfecho con el texto aunque respalda que se mejoren algunos aspectos técnicos con la nueva normativa. Si bien es cierto que entiende que habría que dar una mayor difusión al contenido y alcance real de esta legislación. Especialmente, entre los operadores locales, a los que hay que darles a conocer que esta ley permite a los agricultores obtener una nada desdeñable renta complementaria. “No estamos hablando de simples actuaciones turísticas sino de alicientes”, apunta.
Descarta de forma rotunda que se pueda hablar de una sobreexplotación de los recursos y del paisaje. Y ello es así en cuanto desaparecen los planes parciales y las urbanizaciones continuas y por el contrario, se avanza en edificaciones aisladas e integradas en el medio natural. “La Gomera presenta unas características que la hacen especialmente atractiva para este tipo de oferta por sus particularidades ecológicas”, comenta.
El técnico cree que en cuanto se dé a conocer con mayor amplitud y profundidad los beneficios de esta legislación “sin duda las iniciativas van a ir a más y los operadores locales y sobre todo, las cooperativas de agricultores van a sumarse a esta iniciativa y a percibir sus indudables beneficios”. Descarta la idea de una urbanización salvaje del paisaje y muy al contrario defiende que “el medioambiente hay que cuidarlo al máximo porque será el principal atractivo de esta oferta”.
Mientras que los propietarios de casas rurales ya existentes se muestran algo más desconfiados con esta legislación por implicar un mayor número de competencia, los promotores de las viviendas en régimen de alquiler vacacional no esconden su satisfacción con el cambio legislativo que ha tenido lugar.
La presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, indica que la legislación da respuesta a sus demandas, incluso para todo el ámbito de la Comunidad autónoma. No obstante, también se muestra partidaria de las mejoras que puedan hacerse con la nueva normativa para evitar todo bloqueo en el desarrollo turístico sostenible. Cree que, efectivamente, ya se están notando sus efectos beneficiosos: evita la despoblación de las medianías, da oportunidades para que la gente joven invierta y ofrece una cobertura legal de la que hasta ahora carecían. “Y todo ello sin olvidar ni renegar de que efectivamente deben cumplir con toda una serie de obligaciones fiscales”, matiza.
Borrego se muestra contundente al señalar que desde los meses transcurridos, la nueva ley en La Gomera está funcionando “muy bien” y ha significado una puerta abierta a los vecinos de la Isla para que puedan disfrutar de los beneficios del turismo. Hasta entonces en manos de unos pocos. “Esta ha sido efectivamente, y lo será aún más en el futuro, la solución para muchísimas familias que dispondrán de más ingresos y de la posibilidad de crear más puestos de trabajo”. La calidad se garantizará en cuanto es un producto que depende en gran parte de los comentarios que se planteen en las redes sociales y de las valoraciones que hagan los usuarios. “Por ello, los propietarios están en parte obligados a realizar inversiones en renovación, lo que siempre es positivo”, comenta.
La familia de Juan Elías posee una vivienda de este tipo en Playa de Santiago y su valoración por la entrada en vigor de la ley es también muy satisfactoria. “Ha simplificado muchísimo los trámites. Ahora basta con ir a la segunda planta del Cabildo y sobre la marcha consigues los certificados. En otros lugares donde no existe esta ley, como por ejemplo, en Tenerife, puedes tardar varios meses en conseguir los permisos”, indica.
Y es que en principio las previsiones más optimistas se están cumpliendo: todos aquellos que durante años se enfrentaron a un auténtico laberinto burocrático y sinfín de obstáculos administrativos están desde hace un tiempo un poco más tranquilos. Las modificaciones introducidas en la conocida como Ley de las Islas Verdes y las que se han logrado incorporar a la del Suelo han supuesto ya un avance a la hora de facilitar esta oferta, básica en lugares como La Gomera, La Palma o El Hierro.
Pero todo ello, teniendo en cuenta el necesario “equilibrio entre el crecimiento, desarrollo y preservación del medio ambiente, paisaje y valores naturales”. En definitiva, se trata de una legislación que “armoniza, simplifica y contiene las decisiones más importantes que afectan al medio rural”. Por ejemplo, también permite legalizar explotaciones ganaderas y luchar contra el abandono del suelo cultivable. O que los agricultores puedan completar su renta con otros ingresos, no sólo el turismo rural, sino también por ejemplo impulsar negocios de restauración junto a las bodegas. En el caso del alquiler vacacional se da un respiro a las numerosas familias que viven de esta actividad, en especial a los residentes de Valle Gran Rey, uno de los municipios de la Isla que registra un mayor número de oferta de este tipo de alquiler.