La maquinaria del Ministerio de Justicia se ha puesto en marcha, y ha dado la razón al sindicato profesional SPPLB. Así lo establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, quien mediante una reciente sentencia ha dictaminado que el Ayuntamiento dirigido por el nacionalista Pedro Negrín, no sólo está obligado a dictar resoluciones expresas ante las peticiones de sus trabajadores, sino que queda obligado a fijar, con criterios objetivos y bien definidos, los conceptos retributivos que perciben los funcionarios. Esta sentencia viene a romper con la mala praxis de muchos Ayuntamientos, en los cuales la remuneración de los empleados queda a criterio del Alcalde de turno, favoreciéndose así determinados lazos y perjudicando al empleado municipal que no resulta afín a las siglas políticas de turno.
Conviene destacar, además de la falta de transparencia que informa esta reciente resolución judicial, la reiterada negativa del Ayuntamiento, especialmente la del primer edil, Pedro Negrín, a sentarse a hablar y estudiar la situación del personal municipal. Según informa el Secretario Autonómico del SPPLB, Zebenzuí González Rancel, “el estilo caciquil y trasnochado del Alcalde de Hermigua, guarda mucha sintonía con el cariz de algún que otro alcalde gomero, quienes operan con la más absoluta discrecionalidad y una sorprendente dosis de opacidad”.
La sentencia judicial, además de obligar al Ayuntamiento a hacer sus deberes y declarar nula determinada resolución por no ajustarse a derecho, condena al Ayuntamiento de Hermigua a abonar las costas judiciales que se han derivado del pleito. Lamentablemente, a ningún vecino del pueblo se le escapará que los costes del procedimiento, gracias a la errática política del Equipo de Gobierno, recaerán sobre las espaldas de todos los hermiguenses.