La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT Canarias (FeSP-UGT) busca apoyos en el Parlamento de Canarias para impulsar una ley que permita garantizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector del Transporte Sanitario. Para este sindicato, es preciso acabar con la externalización de este Servicio Público. Hay que recordar que el concurso de ambulancias iniciado en 2008 fue anulado por el TSJC en 2010 y ratificado en posteriores sentencias. Pese a ello, ha seguido prorrogándose hasta la actualidad, donde se ha visto envuelto en varios escándalos como las adjudicaciones a dedo y varias denuncias por contratación de falsos autónomos, entre otros. Aún así, esta adjudicación se mantiene en precario.
Todo ello, sumado a una precarización laboral donde los despidos indiscriminados del personal con antigüedad, sustituidos por personal en prácticas que cobra un 25% menos del salario, se ha convertido en la práctica más habitual de las empresas para hacer caja. Debemos recalcar también los diversos incumplimientos e interpretaciones interesadas del convenio en las distintas empresas y en cada una de las islas, creando disparidades entre los diferentes trabajadores. Pese a la firma del último convenio, los trabajadores no han visto satisfechas sus necesidades en materia de condiciones laborales. Además, la UGT considera que la falta de recursos ha provocado un deterioro del Servicio para los usuarios, aumentando las listas de espera. Estos recortes de recursos y de personal han desprovisto localidades y a sus ciudadanos del servicio de ambulancias, tanto del transporte no urgente, como del urgente.
Gestión Sanitaria Canaria
El responsable del Sector de Ambulancias de FeSP-UGT Canarias, José Iván Amador, pretende volver a impulsar una PNL, que permita articular una ley, donde ya no solo se pide la internalización del servicio a manos de la empresa pública creada por el Gobierno de Canarias, Gestión Sanitaria Canaria, sino que también se lleve a cabo la contratación acorde a la formación, tal y como se recoge en el RD 836/2012 del 25 de mayo, donde se regula el Transporte Sanitario Terrestre”.
Desde el sindicato también se critica que la Administración permita la precariedad con contrataciones a través de ETT, con contratos parciales de varios tipos y en prácticas, que traen consigo una falta absoluta de estabilidad laboral, reduciendo la calidad del Servicio. Según la UGT, asumir el Servicio de Ambulancias, ya no solo reportaría un ahorro considerable en las arcas públicas debido a los suculentos márgenes de beneficios que tienen las empresas adjudicatarias, sino también en la compra de material fungible, medicamentos, ahorro de instalaciones repartidas por todo el Archipiélago, de las cuales ya se hacen uso de ellas y de sus suministros. Un ahorro que mejoraría también la situación lamentable de sus empleados.
Subrogación de los trabajadores
En caso de subrogación a la empresa pública, los trabajadores pasarían con el convenio en vigor. Es por ello, que la UGT, debido a la situación actual de desamparo y dejación por parte del Gobierno de Canarias, que no ha cumplido con las premisas de cualquier servicio público como son la vigilancia y control de este, ha solicitado a los Grupos Parlamentarios Agrupación Socialista Gomera, Socialista y Podemos que trasladen una Proposición No de Ley (PNL) y que registren dicho documento para que pueda debatirse en la Cámara Regional.
UGT solicita al resto de grupos parlamentarios apoyar dicha propuesta, que ya no solo daría una solución a los conflictos del sector, si se lograra articular una Ley, sino que además aportaría una estabilidad en el mismo, mejorar la calidad asistencial, disminuir las listas de espera, generar un ahorro económico y cumplir los principios de eficiencia y eficacia económica.
El responsable del sector del Transporte Sanitario en Canarias de la FesP-UGT, José Iván Amador añade que “el NO a esta Proposición No de Ley significaría el apoyo por parte de los diferentes grupos parlamentarios a la pésima actuación que realiza el Gobierno de Canarias en Sanidad y el no reconocimiento de una profesión ya regulada”.
