La diputado del PSOE ha interpelado este miércoles en el Parlamento canario al Gobierno regional para denunciar que varios puntos de encuentro familiar abiertos hace apenas unos meses, y gestionados por Cruz Roja, se han planteado ya cerrar debido a que el Ejecutivo canario no les ha abonado los trabajos realizados, y no pueden, por tanto, seguir pagando las nóminas a los trabajadores y trabajadoras. Es el caso de La Gomera.
Aunque en el pleno del Parlamento el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, se ha comprometido a saldar esta deuda, Ventura lamenta la «clara y constatada ineptitud del Gobierno regional, ya que apenas han pasado unos meses, desde que fueron a hacerse las fotos en su apertura y ahora los cierran con la excusa de que no hay casos suficientes, que no hay derivaciones».
La diputada se preguntó además cuál es el criterio que ha seguido el Gobierno canario para que este servicio lo gestione en unos casos con Cruz Roja y en otros con los cabildos, e ironizó con que «si la razón es que unos cabildos están en manos de CC y otros no».
Por ello, exigió a Barragán que se busquen alternativas y fórmulas que permitan dar estabilidad y continuidad a estos servicios, como fórmulas mixtas en virtud de las cuales se deriven casos de otras administraciones, no solo la judicial.
UN SERVICIO QUE EVITA EL SUFRIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS
Cabe recordar que los puntos de encuentro familiar son espacios físicos que facilitan la comunicación entre los miembros de la familia y garantiza el ejercicio de forma pacífica del derecho de visita de los menores, de modo que este servicio surge para evitar o paliar el sufrimiento de niñas o niños en procesos de separación de sus progenitores.
Ley 2010 de igualdad entre mujeres y hombres establece que son los gobiernos autonómicos los que, al tener la competencia en protección de menores, deben establecer los mecanismos para ofrecer este recurso en cada comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias, según recuerda Rodríguez Herrera, abrió en 2018 un proceso participativo para regular estos puntos de encuentro familiar por derivación judicial, pero sin abordar este recurso social especializado para los casos de derivación administrativa. Y entre marzo y mayo se puso en marcha este servicio en La Palma, El Hierro, Lanzarote, y Fuerteventura (con el Cabido, financiados por el Gobierno canario). El de La Gomera se abrió en septiembre, gestionados a través de Cruz Roja.
Este caso no es aislado, subrayó la diputada, pues Barragán «deja de lado a las islas periféricas y a las personas que vivimos en ellas, como ya pasa con otros servicios como los médicos forenses, la prestación del turno de oficio y otros muchos más, y ello porque piensa CC solo en las dos islas más pobladas y en las otras hace el paripé, a pesar de que el consejero sea majorero».