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Sí se puede advierte sobre la inseguridad jurídica de la nueva proposición de ley de ordenación del turismo en las islas verdes

Sí se puede – La Gomera señala que la nueva proposición de Ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, tomada en consideración en el Parlamento de Canarias el pasado diciembre, pretende desarrollar un modelo de turismo que puede convertir a las denominadas islas verdes en islas grises. Desde la formación se advierte sobre las negativas consecuencias de una propuesta que pretende llevar el turismo masivo, sin limitaciones, al ámbito rural y natural.

La formación ecosocialista, por el contrario, entiende que las islas occidentales deben apostar por sus singularidades, desarrollando un modelo turístico alternativo y de calidad, respetuoso con su patrimonio natural y cultural, que es el que ya está implantado en estas islas.

Del mismo modo, advierten sobre las serias objeciones reseñadas por el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que indica que, en la citada proposición de ley, debido a sus dificultades de comprensión, “se compromete la efectividad del principio de seguridad jurídica del art.9.3” de la Constitución Española.

Rubén Martínez, consejero de la formación en el Cabildo de La Gomera, señala “Ya no es solo que nos situemos en un marco de gran inseguridad jurídica donde tanto el Tribunal Constitucional como el propio Consejo Consultivo de Canarias han puesto dudas, es que la apuesta del CC, PP y ASG hace aguas como modelo alternativo para favorecer el desarrollo económico insular”.

Para la formación ecosocialista, con la proposición de ley, se apuesta por un desarrollismo, sin ningún tipo de control y freno. De tal suerte se suprimen los límites en el número de edificaciones, así como de tipologías. Ello puede dar lugar a la proliferación de edificaciones de todo tipo de formas sin respetarse la mínima distancias entre ellas con los inevitables daños en el patrimonio y en el paisaje, ya que incluso se permiten en los Espacios Naturales Protegidos.

Recuerdan desde Sí se puede, que se dan cabida dentro del suelo rústico a todo tipo de alojamiento de hasta 200 plazas, incluidas las viviendas vacacionales, de nueva edificación. Incluso por medio de los denominados “Instrumentos de Planificación Singular Turísticos” se permite la edificación en cualquier tipo de suelo y sin limitaciones de plazas alojativas, y con ello la singularidad del modelo de edificación que ha tenido el turismo rural desaparece.

“Se trata de la desregulación más absoluta, de permitir el descontrol total, de que no haya ordenación ni límites a las construcciones. Los poderes públicos tienen el deber de ordenar en territorios tan vulnerables como las islas. No es lógico que lo que más valora el turista, lo arriesguemos por intereses inmediatos, cuando no especulativos, y no estemos sabiendo mirar a largo plazo”, indica Rubén Martínez

Por otra parte, llaman la atención sobre la contradicción que supone que se puedan realizar en suelo rústico alojamientos turísticos en sus diversas modalidades, inclusive viviendas vacacionales, y por el contrario se impida edificar a una vecina la casa donde vivir. “Esta son las islas que quieren CC, PP y ASG, dicen huir de los parques temáticos cuando están diseñando precisamente eso para el desarrollo de La Gomera, La Palma y El Hierro. Solo hay que hilar el sumo interés que muestra ahora Casimiro por el puerto de Fonsalía y las cuentas van saliendo”, abunda Martínez.

Por último, Sí se puede recuerda que el desarrollo del procedimiento no ha seguido los cauces de participación ciudadana, ni de los agentes sociales, ni tan siquiera institucionales, que una propuesta de ley de esta trascendencia debe tener.

A juicio del consejero de la formación “Ni siquiera foros activos de La Gomera, como los órganos de la Reserva de La Biosfera o la Carta Europea de Turismo Sostenible, donde están presentes todos los interesados, han sido consultados. Y una demostración del desprecio absoluto a los representantes institucionales es que esta proposición no se haya debatido en el pleno de la máxima institución insular”.

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