El mismo día que el presidente de Gobierno ha anunciado el fin de su legislatura, que empezó con la promesa de exhumar a Franco, el Consejo de Ministros ha acordado sacar al dictador del Valle de los Caídos, un conjunto monumental público financiado íntegramente por el Estado (de las velas a la electricidad, la comida o las reparaciones) y gestionado por los monjes benedictinos. Está enterrado frente al altar mayor de la basílica, en lugar preeminente.
«Hemos llegado al final de un proceso que se inició con una decisión política y de Estado», ha dicho la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha hecho un repaso desde el principio del proceso, el 24 de agosto de 2018, hasta hoy. Ha considerado que el proceso ha sido «escrupuloso» por tratarse de «un acto de Estado». «Ha sido difícil porque hemos dado entrada a todos los interesados, no solo a la familia». Delgado ha señalado que «hubo 14 recusaciones de los instructores de los expedientes», algunas de ellas puestas por la Fundación Franco.
También ha hecho referencia velada a la negativa del prior de dejarles entrar y ha deslizado que se podría dar algún tipo de orden desde el Consejo de Ministros en caso de que el monje insistiera en su negativa: «Se ha acordado hacer cualquier acto para la ejecución». Preguntada directamente por cómo exhumaría el cuerpo si los benedictinos no lo permiten (las iglesias son inviolables según los acuerdos de España y el Vaticano), ha sido clara: «El gobierno puede tomar decisiones necesarias. Es un lugar de culto pero no excluye la actividad de la autoridad civil». Es decir, contemplan ordenar la entrada por imperativo legal.
Respecto al lugar de la inhumación, el Gobierno ha dado «15 días a la familia para que comunique a dónde procede la inhumación, con una salvedad: la catedral de la Almudena». No pueden ir allí por «razón de orden público» y porque «incumpliríamos la ley de memoria histórica de nuevo porque convertiríamos un lugar público en un lugar de dignificación», ha dicho la ministra. Si no hay acuerdo de la familia, cosa improbable, o no se pronuncian, lo decidirá el Gobierno. Los Franco siempre han defendido que su abuelo acabe en las tumbas que tiene compradas en la catedral y enterrado junto a su hija y su yerno.
Dolores Delgado ha rechazado hacer pronóstico sobre qué pasa si el Tribunal Supremo admite la petición de la familia de paralizar cautelarmente la exhumación (aunque han anunciado que lo van a hacer, aún no lo han hecho). «Sería justicia ficción». De momento, el Gobierno no se da por enterado y asegura que el Supremo ni ha dicho nada ni han tenido noticia de la familia. Pese a que ha habido varias preguntas y repreguntas, Delgado no ha aclarado si el Gobierno va a exhumar el cuerpo antes de un eventual pronunciamiento del Supremo: «Vamos a esperar a que sucedan las cosas».
Un asunto antiguo
La primera vez que se pusó sobre la mesa la exhumación fue en el informe de expertos que encargó el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque llegaron a la conclusión de que había que sacarlo de ahí al tratarse de un lugar público y preeminente, el PSOE perdió las elecciones un mes después y ese informe quedó sin aplicación.
Nada más llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez anunció que retomaría estos trabajos. «Os pillará trabajando», dijo entonces, sugiriendo que se exhumaría en julio de 2018 y no en agosto. Sin embargo, la efectiva estrategia de los nietos de Franco ha ido poniendo obstáculos.
El real decreto que lanzó el Gobierno para sacar al dictador se basaba en modificar la Ley de Memoria Histórica, de modo que solo los fallecidos en la guerra civil, los «caídos», podrían estar enterrador en el Valle. Como Franco murió en la cama en 1975, tendría que salir. Los nietos han puesto una demanda contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo al considerar que esto es una «ley de caso único», que se hace con la intención de aplicarla específicamente a un caso, el de su abuelo.
El Gobierno ha abierto dos veces la posibilidad de que los nietos aleguen, y en las dos ocasiones ha rechazado la alegaciones. El decreto, que fue convalidado por el Congreso (con la abstención de PP y Ciudadanos), ha permitido que el Consejo de Ministros apruebe este procedimiento, que pone fin a la parte administrativa pero que aún tiene que enfrentar la decisión del Supremo sobre si aplica o no cautelares. Los nietos han anunciado que las van a pedir. Así que, al haber un proceso judicial abierto e interpuesto por los propios nietos, el tribunal debe decir si paraliza cautelarmente la exhumación hasta que se dicte sentencia o si los trabajos pueden continuar hasta entonces. La Iglesia se aferra a esta decisión para dejar o no entrar a los técnicos que deben levantar la lápida y sacar el cuerpo embalsamado.