EL PAÍS.- La etapa en el poder de Pedro Sánchez ya tiene fecha de punto final o de consagración definitiva: las elecciones generales serán el 28 de abril. El presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria este viernes, apenas ocho meses y medio después de llegar al cargo con una moción de censura en la que arrebató el puesto a Mariano Rajoy. Los independentistas catalanes, claves para aupar a Sánchez, han sido definitivos al provocar el final de la legislatura con su rechazo a los Presupuestos Generales. Gobierno y Generalitat negociaron una salida a la crisis catalana, pero la negativa del primero a traspasar la línea roja de la autodeterminación rompió el diálogo. A partir de ahí, PDeCAT y ERC cumplieron su amenaza y no apoyaron las cuentas. Sánchez ha optado por adelantar los comicios.
Nada pone más nervioso en política a Pedro Sánchez y su gurú estrella, Iván Redondo, que perder la iniciativa. Desde el pasado jueves, cuando decidieron recuperarla y La Moncloa dio un ultimátum a los independentistas, los acontecimientos se han precipitado a velocidad de vértigo y siempre con los tiempos marcados por Sánchez y su equipo, que vivieron la peor semana de su mandato y han decidido intentar frenar la sangría con una apuesta muy arriesgada: la convocatoria de elecciones anticipadas.
Prácticamente todos los dirigentes relevantes apuntaban durante esta semana al 28 de abril como opción más probable, pero la decisión de Sánchez de esperar dos días para anunciarlo había desatado todo tipo de especulaciones que iban del superdomingo —una fecha que siempre estuvo encima de la mesa pese a la oposición de los barones y que finalmente parece haber perdido la batalla por motivos estratégicos— hasta el 14 de abril o incluso el 11, un jueves, que era la primera fecha disponible si Sánchez decidía este mismo viernes disolver las Cortes, algo que no cuadraría en absoluto con la convocatoria de un Consejo de Ministros ordinario justo después del extraordinario.
La Moncloa prefería hacer las elecciones cuanto antes sobre todo para evitar un desgaste mayor y aprovechar la ola que creen que se está generando de indignación con la unión de los independentistas, el PP y Ciudadanos para tumbar unos Presupuestos con un claro contenido social. No obstante, durante la semana algunos dirigentes regionales trataron de convencer a Sánchez de que esperara un poco más, hasta septiembre u octubre, para poder desarrollar algunas medidas que van a decaer con unas elecciones tan rápido, y sobre todo para separar al máximo las elecciones generales y las autonómicas y municipales, porque un fracaso en las primeras influiría en las expectativas de las segundas.
Las generales, así, se celebrarán un mes antes que las autonómicas, municipales y europeas. Esta maratón electoral se llevará a cabo mientras el Tribunal Supremo juzga a los líderes del procés, un juicio que comenzó el pasado martes y que se espera dure tres meses. El proceso influirá en la campaña y proporcionará un altavoz al independentismo por un lado y a Vox por el otro, personado como acusación popular.
En una semana frenética, la ultraderecha, aún una fuerza extraparlamentaria aunque las encuestas auguran que entrará en el Congreso de los Diputados, protagonizó junto a PP y Ciudadanos una concentración el pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid. En ella cargaron contra el Gobierno de Sánchez, al que acusaron de traicionar a España y de aceptar las exigencias del independentismo, y reclamaron la convocatoria electoral junto a miles de personas.
La protesta se había convocado después de que se supiera que el Gobierno había aceptado la figura de un «relator» en una mesa de diálogo con la Generalitat. Además de envalentonar a la derecha, esta condición del Govern aceptada por Sánchez provocó reacciones airadas entre los barones del PSOE. Quizá el más beligerante fue Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que exigió públicamente la convocatoria urgente del consejo territorial del partido: “Tengo muchas ganas de decir con claridad lo que pienso sobre este asunto, porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles”. El presidente aragonés, Javier Lambán, el diputado y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, también se sumaron, entre otros socialistas, a la crítica a Sánchez. El expresidente, Felipe González, fue también tajante: “No necesitamos relatores”. Dos días después, las negociaciones entre Gobierno y Generalitat se rompían y los barones respiraron aliviados.
Los barones socialistas vuelven a tomar aire. Nunca les gustó la idea del superdomingo y siempre quisieron que las elecciones generales no coincidieran con las autonómicas y municipales. O antes o después, era su petición. Y ahora, nada más anunciar la fecha empieza prácticamente ya la campaña electoral, que en realidad tuvo ya sus primeros compases en la sesión del Congreso que discutió las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.
Todos los grupos sabían ya que iban camino de unas elecciones y aprovecharon el escenario para arrancar la campaña. Pero Sánchez no ha hablado en toda la semana. De hecho, el presidente, salvo los mítines de fin de semana, ha reducido al máximo sus apariciones. Esta semana se ha comunicado solo por Twitter. En la comparecencia de este viernes tiene previsto responder a cinco preguntas.
Se acaba así el experimento de la primera moción de censura exitosa de la historia de España, que llevó al poder a Sánchez de la misma manera, rápida e imprevista, en la que se han convocado las elecciones. En una semana, PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT se pusieron de acuerdo para echar a Mariano Rajoy después de una sentencia durísima contra el PP en el caso Gürtel, y llevar a La Moncloa a un presidente con 84 diputados de 350. Pese a esa debilidad, Sánchez y sus socios fueron capaces de sacar adelante decretos importantes, y se han tomado decisiones que en cualquier caso quedarán ahí si el próximo Gobierno no las revierte.
La estrella es la subida del salario mínimo a 900 euros, pero también hubo subida de pensiones, sobre todo las mínimas, un decreto que recupera la sanidad universal, la mayor oferta de empleo público en 10 años y una subida del salario a los funcionarios. También se aprobó un plan de empleo juvenil de 2.000 millones de euros. Pero se quedarán sin terminar planes mucho más ambiciosos, sobre todo unos Presupuestos expansivos con un gran aumento del gasto social. Esas Cuentas serán ahora el eje de la campaña que inicia ya Sánchez para convencer a los ciudadanos de que le den más apoyos para terminar su proyecto. El presidente tampoco ha podido rematar su gran apuesta simbólica, esto es sacar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. La decisión está tomada y se sanciona hoy en Consejo de Ministros, pero es muy probable que el Tribunal Supremo la paralice durante unos meses. Si cambia el Gobierno, este asunto podría quedar en un limbo indefinidamente.
Sánchez va a arrancar a tope su campaña, y el sábado ya tendrá un gran acto en Sevilla para presentar al candidato a la alcaldía, Juan Espadas. El acto, en el que participará Susana Díaz, líder del PSOE andaluz y gran rival interno de Sánchez, se convertirá rápidamente en una especie de presentación del discurso de campaña del presidente. España entra así en modo electoral —si es que alguna vez salió de él— hasta el 26 de mayo, con dos elecciones en menos de un mes si se confirma la fecha del 28 de abril para las generales.
El PSOE ya ha arrancado toda su maquinaria electoral y el martes José Luis Ábalos ha convocado a los secretarios de organización de todo el país para poner en marcha la campaña. Los equipos de estrategas ya están preparando vídeos, mensajes y campañas de redes para aprovechar el momento psicológico que vive el electorado natural del PSOE después de la dura e inesperada derrota en primera vuelta de los Presupuestos. Muchos barones, alcaldes y dirigentes territoriales están muy contentos con la ruptura con los independentistas porque creen que eso les permite ridiculizar el argumento principal de la oposición, esto es, el de la entrega al independentismo.
La Moncloa, como es habitual, desborda optimismo y asegura que los datos son muy positivos y pueden salir muy bien las dos elecciones. Los dirigentes territoriales, más pegados al terreno y muy asustados después de ver el fiasco de Andalucía, no tienen tan claro ese éxito y por eso los que gobiernan preferían separar municipales y generales, no así los que están en la oposición, que veían mejorar sus expectativas con el arrastre de la marca PSOE nacional.
En cualquier caso, lo único seguro es que España tendrá sus terceras elecciones en menos de cuatro años con una moción de censura que cambió el Gobierno en medio. Todo un cambio para el que fuera uno de los países políticamente más estables de la Unión Europea. La presencia de hasta seis opciones importantes en algunas zonas hace prever que esa estabilidad no volverá al menos a corto plazo. También que la formación de Gobierno se antoja complicada en los próximos meses, sea cual sea el resultado.