Primer gran fracaso de Partido Popular y Ciudadanos ante la Junta Electoral Central (JEC) a cuenta de las ruedas de prensa que el Gobierno celebra cada viernes después del Consejo de Ministros. Según la información de eldiario.es, la JEC ha decidido desestimar las reclamaciones planteadas por ambas formaciones en las que se solicitaba prohibir al ejecutivo la comunicación de sus acuerdos durante la precampaña.
El acuerdo de la Junta Electoral señala que no se ha producido ninguna conducta prohibida en la Ley Electoral y afea a los reclamantes los argumentos empleados en su escrito: «hace referencia a una rueda de prensa anterior a la convocatoria electoral, a otra en la que no se contiene ninguna alusión a los logros obtenidos por el Gobierno y, finalmente, a futuras ruedas de prensa» que todavía no se han producido.
La reclamación de Partido Popular y Ciudadanos se hacía extensiva a «cualquier clase de publicidad y divulgación de las medidas de contenido político», en referencia al uso de las redes sociales del Gobierno para comunicar sus acuerdos. Sin referencia expresa a este punto, la Junta Electoral también ha desestimado esta petición.
La polémica generada en torno a los llamados ‘viernes sociales’ ha empujado al ejecutivo a extremar la cautela sobre los temas que aborda desde la mesa del Consejo de Ministros. Tras la reunión del pasado viernes la portavoz, Isabel Celaá, se negó a responder cualquier pregunta con carga política. La prudencia llegó al punto de que Celaá ni siquiera se atrevió a trasladar la opinión del Gobierno sobre la huelga feminista que se estaba celebrando ese día.
Partido Popular y Ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir la decisión ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Ciudadanos no lo hará, tal y como confirman a eldiario.es fuentes de la dirección del partido que lidera Albert Rivera. Pese a este fracaso, ambas formaciones han insistido en las últimas horas en criticar lo que consideran un «uso partidario» de la mesa del Consejo de Ministros.
El último movimiento al respecto ha llegado desde Ciudadanos con el anuncio de Albert Rivera de su intención de propiciar una reforma constitucional que suponga la prohibición de los Reales Decretos como herramienta urgente de Gobierno.
