El ponente de Nueva Canarias (NC) para la nueva ley de servicios sociales, Luis Campos, en el pleno hoy de aprobación de esta iniciativa por unanimidad, puso en valor la enmienda introducida por los nacionalistas progresistas para que el Gobierno de Canarias, saliente de las urnas el próximo 26 de mayo, apruebe y ponga en marcha la renta de ciudadanía. Campos hizo hincapié en que, con esta propuesta, Nueva Canarias cumple con el objetivo de su proposición de ley, rechazada por CC, PP y la ASG, para que los ciudadanos de las islas en riesgo de pobreza tengan una ayuda para acceder a los servicios mínimos necesarios para vivir con dignidad. El también portavoz adjunto dijo que la labor desarrollada en la Cámara para mejorar, en su práctica integridad, el proyecto de ley remitido por el Gobierno de CC es un ejemplo de que el Parlamento, “cuando quiere, sabe primar el consenso para poner a las personas por delante”.
En el turno de intervención previo a la votación del dictamen de la comisión sobre el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias, Luis Campos dijo que “lo que aprobamos poco tiene que ver” con el texto remitido por el Ejecutivo presidido por Fernandio Clavijo. Transcurridos más de 30 años desde que se aprobara la primera norma en la materia en 1987 y en el último pleno de la IX Legislatura, el Parlamento sancionó una norma “estratégica y avanzada para sus beneficiarios”, según Campos.
Entres los aspectos fundamentales destacados por el ponente de NC, el “mandato” al Gobierno saliente de las urnas para desarrollar una renta de ciudadanía, por ley u otra formulación, para desarrollar el artículo 24 del Estatuto de Autonomía en el plazo de 18 meses (año y medio) desde la próxima publicación de la ley en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), gracias a una enmienda de Nueva Canarias. Una propuesta que se llevó a esta norma después de que la mayoría conservadora de la Cámara (CC, PP y la ASG) rechazara la toma en consideración de la proposición de ley de los nacionalistas progresistas para crear este instrumento destinado a paliar la situación del 40,2% de los ciudadanos de las islas en riesgo de pobreza.
Tras destacar el carácter universal de los servicios sociales y su reconocimiento como un derecho subjetivo, y por lo tanto exigible su cumplimiento también en el ámbito judicial, Luis Campos puso el acento en la aprobación de una ficha financiera, “clave para evitar que la nueva ley sea un fracaso”. De los 400 millones de euros de la actualidad se pasará casi a los 1.000 millones en sus 12 años de despliegue y con medidas de cofinanción para “hacer justicia” a cabildos y ayuntamientos y para aliviar la carga económica que soportan las corporaciones locales en esta materia.
Una ficha financiera, agregó Campos, que permitirá desplegar el “amplísimo” catálogo de servicios y prestaciones reconocidas, la definición de los derechos y obligaciones de los usuarios y el resto de participantes y para garantizar la responsabilidad pública de los servicios y, en todo caso y siempre complementario y subsidiario, de otras otras entidades, con prevalencia las de iniciativa social. Para Nueva Canarias, también es importante que se hayan fijado plazos máximos para todas las herramientas e instrumentos contemplados en el texto legislativo.
Luis Campos dijo que la importante labor desarrollada entre los grupos para disponer, después de un largo proceso de trabajo en ponencia, de un texto legislativo avanzado muestra que el Parlamento, “cuando quiere, sabe primar el consenso para poner a las personas por delante”.
