El presidente de Canarias, Fernando Clavijo va a declarar por el caso Grúas el próximo día 17, según según recoge una providencia de la jueza Celia Blanco.
El propio Clavijo había solicitado este lunes a través de su abogado a la juez que lo citara a declarar lo antes posible para darle su versión sobre los hechos.
Clavijo fue inicialmente citado a declarar ante la juez Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife) como investigado en el caso Grúas el pasado 15 de marzo, pero su comparecencia se pospuso en vista de que había iniciado el procedimiento para recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que devolvía ese asunto a la competencia de un juzgado ordinario.
Sin embargo, poco después la Sala de lo Civil y Penal del TSJC aclaró que su decisión al respecto era firme y que contra ella no cabía recurso.
El viernes pasado, cuando se conoció que la juez que instruye la causa vuelve a considerarlo investigado, y no solo «interviniente», Clavijo anunció su propósito de declarar «cuanto antes».
Su abogado ha formalizado ese anuncio esta mañana en los Juzgados de La Laguna (Tenerife), en un escrito en el que Clavijo solicita ser llamado a declarar lo más pronto posible.
El caso Grúas gira en torno a una serie de decisiones que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna cuando Clavijo era concejal de Seguridad de la ciudad, primero, y alcalde, después, respecto a la empresa que gestionaba la grúa municipal.
El caso llegó a los juzgados en 2017 y desde entonces ha vivido varias vicisitudes: primero la juez que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (ya presidente de Canarias), más tarde la juez se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, finalmente, este último se lo devolvió, porque con el nuevo Estatuto de Autonomía el presidente ya no tiene la condición de aforado.
En las últimas semanas, la fiscal Anticorrupción se ha dirigido a la juez encargada del caso para exponerle su análisis de todo lo instruido hasta la fecha, en un informe en el que apunta que Clavijo pudo haber cometido prevaricación al levantar dos reparos del interventor del Consistorio contra la concesión de un crédito a la empresa de la grúa y contra la decisión de prorrogarle el contrato.