En la Nación Canaria, el derecho fundamental a la salud, está siendo limitado a los ciudadanos por la mala gestión del Gobierno de Coalición Canaria y su Consejería de Sanidad, sufriendo la población las consecuencias negativas de su incapacidad manifiesta. En cuanto al ámbito profesional, no existen posibilidades de desarrollar la labor en condiciones dignas, por falta de recursos humanos y de medios materiales en un sistema sanitario que no permite paliar las desigualdades sociales, un modelo socioeconómico donde priman la exclusión social. Un sistema que no avanza hacia la sostenibilidad y que solo se fundamenta en la economía del turismo.
Los profesionales y usuarios no están exentos de los perjuicios que suponen las políticas aplicadas por las Administraciones en cuanto al pertinaz intento de desmantelamiento de los Servicios Públicos, cuyo único objetivo es favorecer los intereses de la privada a través de conciertos que se llevan en torno al 10% del presupuesto global destinado a sanidad, mermando los recursos destinados a la pública y generando inhumanas listas de espera y colapso de los Servicios para justificar el negocio de sus socios.
Esta situación, ha llevado a reducciones de plantilla de la totalidad de categorías en el Servicio Canario de Salud, con el consiguiente incremento insostenible de las cargas de trabajo, sobre unos ratios por población asistida, que antes de los recortes ya se encontraban muy por debajo de la media del estado español con 415 enfermeros cada 100.000 habitantes frente a los 430 del Estado Español. Al mismo tiempo, los profesionales que se forman en esta tierra, que son necesarios y que sin embargo no se les contrata, se ven obligados al desarraigo que supone abandonar su hogar en busca de oportunidades en otros países.
Por otro lado, la situación socio-económica de la Nación Canaria, con más del 40% de la población en riesgo de exclusión social, un 30% bajo el umbral de la pobreza, el índice de paro más elevado del conjunto del estado español, las peores condiciones laborales, las jornadas laborales más largas, los salarios, pensiones y prestaciones por desempleo más bajas, son factores que se complementan con la cesta de la compra más cara de Europa, sobre todo en lo que a una alimentación saludable se refiere. Estos factores, condicionan que, los niveles de salud de la población sean los peores del estado, sobre todo para aquellas patologías que con una adecuada acción preventiva, pueden evitarse, así como sus complicaciones, lo que se agrava, con el desmantelamiento de la Atención Primaria de Salud.
Añadir, que en sanidad, el equipo de trabajo constituye una cadena, y su función ha sido fundamental para, en las impuestas condiciones actuales, seguir prestando la asistencia sanitaria que la población requiere en unas condiciones mínimamente dignas: como dato anecdótico, Florence Nightingale logró reducir la mortalidad en un 40% implementado medidas de adecuada higiene y alimentación.
Por todo ello, en este día, desde Intersindical Canaria queremos seguir insistiendo ante los responsables y reivindicando públicamente, la necesidad una adecuada dotación presupuestaria para la Salud y la Sanidad Pública Canaria, en todas sus derivaciones y vertientes, como elemento indispensable de equidad en el trato a la ciudadanía para que pueda ser posible la máxima de “Salud para todos”
