Un fuerte despliegue policial y de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) impidió este martes la celebración de la habitual sesión semanal de la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido en 2015 controlado por las fuerzas críticas con el chavismo y declarado en desacato por el régimen de Nicolás Maduro. Según informa El País, los uniformados rodearon las dependencias del palacio legislativo y cerraron el paso a los diputados aduciendo motivos de seguridad por una supuesta alerta de bomba. La Cámara calificó ese argumento de «engaño» y aseguró en un pronunciamiento oficial que no interrumpirá sus actividades. «Si no sesionamos hoy, sesionaremos mañana», avisó.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, hubiera tenido que debatir sobre la «desaparición» del número dosde esa institución, Edgar Zambrano. El dirigente del partido Acción Democrática fue detenido la semana pasada por su participación en la operación que sacó a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Días después de su arresto, se dejaron de tener noticias sobre su paradero. El vicepresidente del poder legislativo fue la primera víctima de la contraofensiva chavista. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Constituyente controlada por los fieles a Maduro despojaron de inmunidad a 14 diputados del entorno de Guaidó, exponiéndoles así a la acción de la justicia ordinaria. La última decisión del tribunal llegó horas después de la suspensión del Pleno con el señalamiento de Miguel Pizarro, Carlos Alberto Paparoni, Franco Manuel Casella y Winston Eduardo Flores. Como en otras ocasiones, la resolución no fue unánime y el magistrado Danilo Mojica votó en contra.
La oposición denuncia que el cierre del Parlamento es parte de esa misma estrategia. «Denuncio ante al mundo que el régimen usurpador está tratando de cerrar el Parlamento. Nuevamente se da un golpe continuado contra la Asamblea Nacional», lamentó Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. Su funcionamiento es el mejor ejemplo del grave choque institucional que vive Venezuela. Fue elegida en 2015 y se convirtió en el único contrapoder al que se enfrentaba el régimen, que en 2017 intentó arrebatarle sus funciones y la quiso sustituir con una Asamblea Nacional Constituyente que hoy opera como extensión del poder ejecutivo. Guaidó rechazó también, en una conferencia de prensa ofrecida por la tarde, las medidas dictadas por la justicia chavista. «Si pretenden que el miedo nos paralice, están equivocados. Pensaban que por no dejar de cancelar el sueldo a los diputados, nos íbamos a detener, se equivocaron de nuevo», afirmó.
Tras el intento fallido de provocar una quiebra en el corazón de las fuerzas armadas con la liberación de López, el Supremo comenzó a actuar contra varios parlamentarios antichavistas. Al mismo tiempo, las fuerzas policiales aumentaron su presencia en el palacio legislativo y relevaron a los guardias nacionales asignados a su seguridad por sus supuestos vínculos con la denominada «operación libertad», que busca lograr una renuncia de Maduro. Ya el pasado martes, impidieron el acceso a la prensa en un clima de elevada tensión. En esta ocasión forzaron la cancelación del Pleno con una explicación que la dirección de la Cámara no se cree porque los agentes no permitieron a su personal de seguridad entrar para comprobar la presencia de explosivos. «El parlamento no está en un edificio, pero no vamos a renunciar al palacio que constitucionalmente nos corresponde como poder», comunicó la Cámara, considerada por varias instancias internacionales como la única institución legítima del país.
Mientras los diputados denunciaban lo sucedido, el TSJ convocó a última hora de la mañana una sesión extraordinaria en la que se espera que adopte nuevas decisiones contra el poder legislativo. El presidente de ese tribunal, Maikel Moreno, fue señalado por varias fuentes como uno de los altos cargos del chavismo en estar informado del plan para liberar a López, que actualmente se encuentra refugiado en la residencia del embajador de España en Caracas. Moreno, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el jefe de la Guardia Presidencial, Iván Fernández Dala, y el titular de Interior, Néstor Reverol, estaban al tanto del operativo. No obstante, según la reconstrucción de los hechos ofrecida por el propio Maduro, actuaron como agentes dobles y comunicaron los movimientos de Guaidó al sucesor de Hugo Chávez.
En cualquier caso, después de un breve debate sobre la oportunidad de celebrar la sesión en otro espacio, los miembros del Parlamento tratarán de reunirse de nuevo mañana, desafiando al Gobierno, que pese a tener grietas internas mantiene el control del estamento militar y del aparato estatal también gracias a la ayuda del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
CONTROLES POLICIALES
El entorno de Leopoldo López, refugiado desde el pasado 30 de abril en la residencia del embajador español en Caracas, denunció la madrugada del martes la presencia en las inmediaciones de la vivienda de patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) con agentes «encapuchados» y civiles armados. La mañana de este martes permanecían al menos dos patrullas del Sebin y una de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES). No obstante, la alarma no tuvo más consecuencias. El propio ministro español de Exteriores, Josep Borrell, no se sorprendió. «Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la hubiera», manifestó, informa EP. El Gobierno prohibó a López convertir las dependencias diplomáticas en un «centro de activismo».
MÉXICO CONCEDE PROTECCIÓN EN CARACAS A UN DIPUTADO OPOSITOR
El Gobierno de México concedió la noche de este martes «protección y resguardo» en su residencia en Caracas al diputado de la Asamblea Nacional Franco Manuel Casella, despojado horas antes de su inmunidad parlamentaria por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó en un comunicado «su preocupación por la situación de los derechos humanos, el derecho al debido proceso y la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria en Venezuela, en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de dicho país».
Se trata del primer gesto del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador desde que la semana pasada avalara la designación del exmilitar chavista Francisco Arias Cárdenas como embajador de Nicolás Maduro. Esa decisión ahondó en la polémica sobre el papel del país en la grave crisis institucional que sufre Venezuela. La Cancillería deja claro, no obstante, que «el Gobierno reafirma su postura de no intervención, su apertura al diálogo y su firme compromiso para colaborar en encontrar una salida democrática, pacífica y dialogada».
