La Fundación César Manrique (FCM) encargará un dictamen jurídico sobre la constitucionalidad de la Ley de Islas Verdes recientemente aprobada por el Gobierno de Canarias, según ha informado esa institución en un comunicado.
La FCM considera que «la nociva Ley del Suelo de Canarias desmanteló la cultura territorial de contención acumulada en las islas durante las dos últimas décadas».
A ello se añade que con esta nueva regulación «se amplían aún más los usos viables en el suelo rústico, una expansión de los usos admisibles que alcanza no solo al suelo rústico común sino también al suelo rústico protegido».
Se contempla así, denuncia la Fundación, la viabilidad del uso alojativo turístico en ambas categorías de suelo rústico y, en particular, se legitima en estas islas establecimientos alojativos de hasta doscientas plazas en suelo rústico.
«La principal novedad desde la perspectiva expuesta estriba en la normalización de dicho uso del suelo, esto es, en su configuración como un uso ordinario, más dicho uso turístico tanto en suelo rústico común como en suelo rústico protegido».
A juicio de la Fundación César Manrique, con este modo de legislar se compromete la utilización racional de los recursos naturales en esta clase de suelo.
Y con ello, al no quedar suficientemente garantizado que pueda evitarse la alteración de su estado natural, se pone en grave riesgo el equilibrio territorial en estas islas, declara la Fundación.
La FCM estima, además, que la normativa aprobada suscita dudas de constitucionalidad, por lo que ha decidido solicitar un dictamen jurídico para la posible interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
