La Mesa del Congreso ha acordado este viernes la suspensión «automática» de los diputados presos con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Unidas Podemos, formación que tiene dos de los nueve representantes de este órgano, se ha manifestado en contra.
El informe de los letrados, solicitado el jueves por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, concluye que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez serán suspendidos de los derechos y obligaciones de los parlamentarios con fecha 21 de Mayo, día en el que adquirieron esa condición. La decisión sobre los cuatro políticos independentistas en prisión preventiva, debía tomarse en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del reglamento de la Cámara baja. Aunque el PP y Ciudadanos invocaron el reglamento para la suspensión, este viernes han obviado que esa fue su opción y se han proclamado protagonistas y autores de la suspensión por su presión sobre Batet. Ahora, los letrados elaborarán otro informe para conocer «el alcance de la suspensión», que lo es «mientras dure la situación de prisión», como señala el informe. El asunto es relevante porque marcará «el cómputo de la mayoría absoluta». Si los diputados suspendidos no dejan el acta, la mayoría disminuirá y Pedro Sánchez no necesitará el apoyo de los independentistas.
Ahora, el siguiente paso es aguardar un informe de los letrados del Congreso para precisar cómo se plasma y traduce esa suspensión y, sobre todo, en que número se fija ahora la mayoría absoluta a efectos de todas las votaciones. Después de dos días de enfrentamientos en la Mesa y fuera de la Mesa, los cuatro políticos independentistas han ido suspendidos. No desde el día de las elecciones, como ha pedido Ciudadanos, sino desde que adquirieron la condición de diputados el pasado martes 21. La duda estaba en el procedimiento. ERC ya ha anunciado que pedirá la reconsideración de la medida, lo que no tiene el menor viso de prosperar.
Las descalificaciones a la presidenta del Congreso han continuado este viernes. Tanto los representantes del PP como los de Ciudadanos no han hecho mención al reglamento, pese a que fundamentaban la necesidad de la suspensión a esta normativa. Ambos partidos han señalado que la victoria es suya frente a los intentos del PSOE y de Unidas Podemos de «esconderse detrás de informes jurídicos para retrasar la situación. La presidenta ha hecho el ridículo», ha señalado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. La coletilla de que se ha «humillado a los españoles», ha emergido en esta comparecencia, y ha sido repetida por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. «Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso no quieren quedar mal con los separatistas», ha manifestado García Egea, aunque la formación que lidera Pablo Iglesias ha votado en solitario en contra de la suspensión.
Fijar la mayoría absoluta
La vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, se ha manifestado en términos más asépticos y no ha vertido descalificaciones personales contra Batet y solo se ha reafirmado en que no se necesitaba ningún informe para tomar la decisión. Ha sido ella quien ha pedido un nuevo informe para precisar donde se fija ahora la mayoría absoluta. Ciudadanos considera que la suspensión de los cuatro diputados no debe afectar a la mayoría de 350 que es el número con el que se constituyó el Congreso. De fondo está los votos que necesita Sánchez para ser investido presidente. Con 346 puede prescindir del apoyo de ERC. Si los cuatro diputados dejan sus escaños, correrá la lista y la mayoría, en efecto, no se mueve. La duda está en qué ocurre si se quedan con el acta. No serían cuatro sino tres ya que en el caso de Oriol Junqueras correrá la lista porque ya ha anunciado si este domingo sale elegido eurodiputado renunciará a su asiento en la Cámara baja.
Con la decisión de suspender a los políticos presos terminan unos días de enfrentamiento entre instituciones. La Fiscalía pidió el miércoles al Supremo que ordenara a las Cortes suspender de forma “inmediata” a los dirigentes independentistas recluidos. En un escrito registrado en el alto tribunal, la Fiscalía consideraba que el Congreso debía aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé la suspensión de funciones de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. El ministerio público argumentaba que este precepto es de “obligado cumplimiento” y el Supremo debía comunicarlo así a las Cámaras para que suspendiera a Junqueras, Turull, Rull y Sànchez, que obtuvieron escaño en el Congreso, y a Raül Romeva (ERC), senador.
El miércoles, la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, trasladó al Supremo la responsabilidad diciendo que «la función jurisdiccional corresponde al poder judicial» y envió un escrito en el que le reclamaba que «informara a la Cámara de las consecuencias de la aplicación de la ley procesal» sobre los cuatro diputados. La respuesta del Supremo situó de nuevo la decisión en el Congreso. El presidente del tribunal que juzga a los líderes independentistas, Manuel Marchena, envió el jueves un escrito a Batet en el que rechazaba elaborar el informe solicitado por la presidenta sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
