En cualquier ámbito de la vida, cuando algo no termina de funcionar lo conveniente es plantearse en qué nos estamos equivocando. En el caso de Canarias, deberíamos echar una pensada a lo que nos está ocurriendo. Porque es un hecho que en los mejores momentos de las islas, cuando mejor ha funcionado la economía y más boyantes hemos estado, hemos seguido teniendo un paro de más de doscientas mil personas y más de seiscientos mil ciudadanos colocados en la frontera de la exclusión social.
Una y otra vez se habla del cambio de modelo de Canarias. Es una invocación que hemos escuchado muchas veces, pero que jamás se ha producido. Entre otras cosas, porque los modelos económicos no se cambian con puro voluntarismo sino con estrategias integrales que se fijan a muy largo plazo y que suponen muchas medidas legislativas que apoyen y fomenten la transición entre un sistema económico y otro.
Un territorio que carece de recursos naturales, de yacimientos, de grandes superficies cultivables y de una fácil conexión con sus mercados, tiene una serie de limitaciones que condicionan el tipo de actividad que realiza. Es impensable que a estas islas vengan grandes fábricas de automóviles o que nos convirtamos en una potencia agraria. En realidad y para cualquiera que lo analice bien, el modelo de desarrollo turístico que hemos consolidado es el mejor y el más adaptado a las potencialidades que tiene el Archipiélago: naturaleza, horas de sol, mar, playas, seguridad o distancia de los mercados emisores.
Pero con un solo motor este avión ya ha demostrado que no termina de funcionar. Y es más, en cuanto sufrimos las consecuencias de un ajuste del mercado turístico, toda nuestra precaria estructura se resiente. Las turbulencias económicas de Alemania, el brexit y la reciente caída de Thomas Cook, han disparado todas las alarmas. Y nos enfrentamos al hecho de que ni siquiera terminamos de controlar el único sector del que vivimos. Los turistas que vienen a las islas dependen de unos transportistas de los que, a su vez, dependemos nosotros.
El Archipiélago ha tenido la fortuna y el éxito de haber defendido ante el Estado y ante la Unión Europea, un estatus diferente al que tienen otras zonas continentales. La ultraperiferia, la lejanía y la fragmentación territorial, son hechos estructurales que encarecen y limitan la vida en las islas y las economías de las familias que habitan en ellas. Y esa realidad se ha contemplado en una legislación en la que se adaptan las normas de régimen común a nuestras necesidades especiales y se financian determinadas políticas –agrarias, de transporte o de suministros esenciales– para compensar a los ciudadanos y a los sectores productivos.
Pero sostengo que, partiendo de esta realidad, que es la que es, nuestro horizonte debe dirigirse hacia una mayor autosuficiencia. Tenemos que caminar hacia la soberanía alimentaria, reduciendo nuestra dependencia de las importaciones. Debemos apostar por las energías renovables para reducir, y en su caso eliminar, la enorme factura de la producción energética a partir de los derivados del petróleo que compramos en el exterior. Y debemos plantearnos una serie de reformas estructurales, en nuestra fiscalidad y nuestros incentivos, de forma que podamos resituar a Canarias como una plataforma comercial capaz de desarrollar nuevos negocios en la órbita del futuro crecimiento del mercado de Africa y en los intercambios entre América y Europa.
En un mundo global, la independencia es imposible. Los países y los territorios tienen influencia directa en los demás. Pero la gran asignatura pendiente de estas Islas es reducir su enorme dependencia actual de recursos que no le son propios y sanear sus actividades económicas desarrollando actividades que generen mejor empleo, más cualificado y más estable. El problema de los bajos salarios -e insuficientes pensiones- de estas islas tiene mucho que ver con la baja cualificación que se demanda a la mano de obra que se emplea en nuestra mayor actividad económica. Para salir de esta situación de vulnerabilidad y estancamiento tenemos que imaginar otra Canarias, manteniendo aquello que nos es consustancial -nuestra identidad y nuestra ciudadanía europea- y desarrollando actividades que nos permitan vivir en mayor medida de nuestros propios recursos.
El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación social. Su responsabilidad hacia los más desfavorecidos. Y ese giro social se tiene que expresar en un esfuerzo presupuestario dirigido hacia la construcción de viviendas dignas, la educación, la mejora de la sanidad o las actuaciones contra un cambio climático que amenaza nuestro medio natural. Esa es la tarea que le corresponde en una sociedad que padece enormes desigualdades sociales y territoriales. Pero a todos los partidos políticos de Canarias, a sus organizaciones empresariales y sindicales, les corresponde la obligación de plantearse que las consecuencias sociales de este modelo económico no han sido ni buenas ni justas. Algo está fallando en nuestra tierra. Algo que tenemos que arreglar con las herramientas de la fiscalidad, las estrategias de crecimiento y el impulso a nuevos sectores emergentes.
Las grandes decisiones que han tomado las islas, históricamente, han mejorado siempre nuestro nivel de vida y de desarrollo. La peor decisión que se puede tomar es no tomar ninguna. Han pasado suficientes años como para que nos hayamos dado cuenta de que la pobreza, la marginalidad y la debilidad de nuestra sociedad, no tienen cura en las actuales circunstancias. Pues muy bien, cambiémoslas.