La economía de Canarias es una mesa con una pata coja. Algo no termina de funcionar bien. Lo percibe quien quiera que eche una mirada a los datos de una región que tiene setecientas mil personas al borde de la exclusión social y doscientos mil parados en el momento en el que mejor ha funcionado su sector estrella; el turismo.
Seguir ignorando nuestros males estructurales solo conseguirá perpetuarlos en el tiempo, como ha pasado hasta ahora. Tenemos unos salarios muy bajos, de los peores del Estado español. La renta familiar disponible de las familias canarias se ha ido alejando de la media estatal. Nuestro paro duplica la tasa nacional, con más de un 20% de la población en busca de empleo. Y sin embargo, el coste de la vida está entre los más altos y nuestra cesta de la compra está, según datos de la OCU, entre las más caras de toda España.
El análisis de los resultados de una economía no se puede deslindar de las personas que forman esa sociedad. Los últimos informes sobre pobreza en Canarias nos han vuelto a recordar una realidad incómoda: hay algo que no funciona bien. Soy de los que piensa que lo que de verdad soluciona los problemas de la gente es el progreso económico y la prosperidad. Pero cuando eso no funciona, los poderes públicos tienen que intervenir de manera excepcional. No podemos mirar hacia otro lado e ignorar que hay decenas de miles de personas que no tienen un techo o que no pueden mantener con dignidad a sus familias.
Tal vez sea el momento de plantearse una reflexión muy profunda sobre el modelo fiscal y el modelo económico de Canarias. Creo que nuestras islas tienen una enorme dependencia del exterior. Una dependencia que tenemos que reducir en asuntos como la energía donde pagamos el 5% de nuestro PIB comprando combustibles cuando tenemos fuentes propias inagotables, baratas y no contaminantes.
No puede haber una España de dos velocidades. La solidaridad entre los ricos y los pobres también es solidaridad entre territorios ricos y pobres. Las transferencias de los servicios públicos del Estado en Canarias: la Sanidad, la Educación y la Asistencia Social, están mal dotadas financieramente. No se corresponden ni con sus costos efectivos ni responden al aumento de población que ha tenido Canarias en la última década.
Debemos obtener seguridad jurídica en la aplicación del tratamiento especial que tiene Canarias con el Estatuto y el REF ya que nuestra vida no puede ser una permanente negociación que dependa del gobierno de turno en Madrid. Necesitamos un marco de estabilidad y seguridad y un sistema de financiación solidario y fiable.
Por otra parte, tenemos que redistribuir la riqueza, los recursos y la población de una manera más racional en Canarias. La solidaridad bien entendida empieza por uno mismo y es necesario que se haga un mayor esfuerzo con islas que padecen un menor desarrollo y cuyos habitantes no cuentan con las mismas oportunidades.
Y por último, Canarias tiene que repensar si nuestro actual modelo económico y fiscal tiene futuro o tenemos que reconsiderarlo. Los empresarios tienen que asumir que los beneficios no se pueden obtener de salarios bajos que perjudican el consumo y empobrecen a la sociedad. Podemos transformarnos en un emporio de energías renovables, podemos ser un centro de conocimiento y enseñanza, un referente para el desarrollo actual y futuro de los países africanos próximos.
En la actualidad, tenemos suficientes evidencias para que tengamos que repensar seriamente muchas cosas. Para definir grandes objetivos que nos obliguen a todos. Para comprometernos en mejorar la vida de las personas. Para que no se nos escapen los grandes cambios que van a producirse en África y en Europa.
Hoy toca que toda la sociedad de las islas -partidos políticos, patronales, sindicatos y organizaciones sociales- discutamos un gran pacto por Canarias, donde se ponga en valor la necesidad de crear una sociedad más justa soportada por una economía más fuerte, menos dependiente y más sana.
