El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este miércoles que la reforma del sistema electoral es «una prioridad», pues el Estatuto de Autonomía establece que debe hacerse en un plazo de dos años.
Julio Pérez, que ha comparecido en el pleno del Parlamento para hablar sobre la planificación y las medidas a adoptar para el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha manifestado que «lo primero que habría que hacer» es una nueva ley electoral y también nuevas normativas para cabildos y ayuntamientos.
El consejero ha precisado que su prioridad, aunque «no sabe si el Gobierno lo hará», es «hacer la ley electoral», a pesar de que ha admitido que es «difícil» su aprobación.
Asimismo ha comentado que otro de los objetivos del Gobierno es el desarrollo y la implantación de las nuevas competencias establecidas en el Estatuto aprobado en 2018, a pesar de que el Ejecutivo anterior no tenía ningún trabajo previo.
Para ello, ha anunciado que el Ejecutivo ha encargado un estudio a varias consejerías del Gobierno con el objetivo de «establecer prioridades y formular un plan de actuación» de las nuevas competencias en el que también se contemple la aprobación de una nueva ley electoral.
A su juicio, es preciso establecer una hoja de ruta de ruta entre todos los consejeros para abordar estas nuevas competencias que recoge el Estatuto e iniciar, en primer lugar, el desarrollo de la promoción y defensa de la libre competencia y el traspaso de la gestión de la seguridad privada, así como estudiar la tutela financiera de los agentes locales.
La diputada de CC Socorro Beato ha señalado que el Estatuto de Autonomía otorga a Canarias una identidad diferenciada en el conjunto de España, donde las islas son «una nacionalidad porque tiene una identidad singular».
Beato, partidaria de un mayor autogobierno, ha valorado que el Estatuto ha supuesto la consolidación del Estado del bienestar y garantiza el fuero canario al separar el REF de la financiación autonómica.
La diputada nacionalista ha pedido al Gobierno de Canarias que desarrolle el Estatuto y reclame al Estado los recursos para permitir el desarrollo de las nuevas competencias del Estatuto.
La diputada del PP Luz Reverón ha asegurado que el Estatuto ofrece un marco jurídico «cargado» de derechos sociales, competencias y deberes, por lo que, a su juicio, «es importante que el Gobierno empiece a trabajar».
Al mismo tiempo, Reverón ha denunciado que el Ejecutivo canario tiene un «suspenso» en las competencias que ya tiene, como en carreteras, aguas y vivienda.
El diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente ha valorado que con el nuevo Estatuto hayan desaparecido los aforamientos, ya que los políticos «no tienen que tener ningún tipo de privilegio».
De la Puente se ha referido a la nueva ley electoral, cuyo contador «ya está en marcha», pues, según el propio Estatuto, el Gobierno dispone hasta el año 2021 aprobarla y hacerla «más equilibrada y proporcionada» a la actual.
El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz ha opinado que aunque el nuevo Estatuto mejora el anterior es «insuficiente», ya que el Gobierno canario necesita mayores cuotas de autogobierno para poder «gestionar nuestra tierra».
Déniz ha lamentado que los derechos civiles e individuales que recoge el Estatuto quedan como una declaración de principios y ha abogado en reorientar el REF hacia los sectores más vulnerables.
El diputado de Nueva Canarias Luis Campos se ha mostrado partidario de «avanzar en democracia» a través de la reforma del sistema electoral, tarea que ha dicho que debe de ser abordada por «todo el Parlamento».
Campos ha pedido que a partir de enero, cuando ya se hayan aprobado los presupuestos regionales, la Cámara «meta la cabeza» en aprobar la ley del sistema electoral y también la renta ciudadana.
La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha reclamado al Gobierno español, sea o no progresista, que «cumpla con Canarias» y ha matizado que a su partido «le da igual el color político» del Ejecutivo, pues lo importante que se transfieran las competencias que recoge el Estatuto y la financiación correspondiente.
El Gobierno de Canarias fija la reforma de la ley electoral como «una prioridad»
