Si echamos la vista atrás se puede comprobar muy fácilmente que las cosas han cambiado, y para bien, en Canarias. No hace tanto tiempo esta era una tierra de emigración, de pobreza y analfabetismo. Hay gente que se empeña en ver el vaso de hoy medio vacío. Pero deberíamos ser conscientes de todo lo que se ha conseguido en estos años de libertad y democracia.
Una parte importante de esa transformación se debe al trabajo de los ayuntamientos y cabildos, verdaderos artífices del estado del bienestar. Corporaciones públicas que se han encargado del asfaltado de las vías, del alumbrado, del suministro de agua y de garantizar la seguridad y la prosperidad de los vecinos. Pero faltaríamos a la verdad si no reconociéramos que gran parte de nuestro progreso se ha conseguido gracias a la defensa ante Madrid y Bruselas de las circunstancias excepcionales que se viven en estas islas.
A lo largo de estos últimos tiempos, el Gobierno de Canarias ha estado luchando en Europa para defender la integridad de los recursos que se destinan a los territorios ultraperiféricos. Los recortes que va a sufrir el presupuesto de la Unión Europea no deberían afectar a los más débiles. El Tratado de Lisboa, que regula el funcionamiento de la UE, establece que las políticas generales de la comunidad europea deben adaptarse a las condiciones especiales de los territorios ultraperiféricos donde viven europeos de pleno derecho que padecen handicaps estructurales: es decir, situaciones que no son coyunturales, sino permanentes.
Esa batalla es muy importante para Canarias, que es el territorio RUP más poblado de todos los comunitarios. Es importante no solo por el montante de dinero que recibimos de los programas comunitarios y que afectan a nuestra agricultura o nuestras exportaciones, sino porque se trata de defender la idea central de que hay que tratar de forma diferente a los desiguales. De alguna manera es el mismo argumento que hemos planteado una y otra vez ante nuestro propio Estado.
Cuando Canarias se integró en Europa, a comienzos de los años noventa, éramos un objetivo uno. Es decir, un territorio deprimido muy por debajo de la media de progreso de las sociedades europeas. Seguimos padeciendo graves deficiencias, pero esa situación ha mejorado en las islas donde la calidad de vida, las prestaciones públicas y el bienestar de los ciudadanos ha aumentado notablemente.
Reconocer el hecho de que hemos eliminado el analfabetismo, que nuestros profesionales están mejor cualificados, que nuestros transportes funcionan y nuestros sistemas de salud son excelentes, no supone ignorar que Canarias mantiene, como un lastre inaceptable, enormes bolsas de pobreza y de exclusión social. Si hemos logrado avanzar y progresar ha sido precisamente porque hemos conquistado el derecho a ser reconocidos como lo que somos: un territorio insular donde no se pueden aplicar las normas y los parámetros continentales.
Esta semana hemos debatido los presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Parlamento de Canarias. Y, de alguna manera, he sentido cierta tristeza al ver que seguimos debatiendo a nivel interno nuestras discrepancias mientras nos olvidamos de que la verdadera lucha de este Archipiélago consiste en saber hacer entender a la burocracia del Estado español y a la poderosas estructura europea comunitaria, que somos muy distintos. Que vivir a dos mil kilómetros del continente comporta sobrecostos y limitaciones que nos encarecen la vida y nos complican mucho cualquier actividad económica.
Canarias no se la está jugando en unos presupuestos donde el actual Gobierno intenta ayudar a los más débiles con los escasos recursos existentes. Se la juega porque tiene que conseguir mejores líneas de financiación y mayor comprensión con las necesidades especiales de una sociedad especial. Cuestiones como las tasas aéreas, la conectividad, la lucha contra el cambio climático o los efectos del brexit, tienen en las islas una trascendencia extraordinaria y unas repercusiones mucho mayores que las que se dan en cualquier otra zona continental europea. De ahí la importancia de la tarea que debemos asumir: dialogar y convencer al futuro Gobierno de España de nuestras necesidades, de igual forma que estamos haciendo en Bruselas.
Esa es la gran tarea pendiente y el objetivo en el que deberíamos unir, todos, nuestros mayores esfuerzos. Desgraciadamente, no veo esa unidad por ninguna parte. Y es una pena, porque cuando mejor le ha ido a Canarias es cuando nos hemos puesto todos de acuerdo en conquistar lo que nos merecemos.
