La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz de los populares en la Cámara regional, Australia Navarro, calificó hoy de “reaccionario y regresivo” el propósito del Gobierno de Canarias de emprender una contrarreforma contra la nueva Ley del Suelo, cuando apenas han transcurrido dos años desde su aprobación.
Navarro, que alertó sobre “el afán intervencionista e invasivo del Ejecutivo de izquierdas”, exigió al Gobierno “un respeto político e institucional a las corporaciones locales, en el ejercicio de las funciones y tareas que las leyes les encomiendan”.
La presidenta popular recordó que la vigente Ley del Suelo “nació con el objetivo fundamental de simplificar y racionalizar, ofreciendo protagonismo a los cabildos y a los ayuntamientos; frente al modelo anterior, donde la rigidez y la interpretación de la maraña normativa por parte de la comunidad autónoma condujo a una parálisis en la ordenación territorial de municipios e islas”.
Para Navarro, “al Gobierno regional le gusta mandar y, como siempre cuando gobierna el PSOE, recela de la autonomía insular y municipal, tratando a las corporaciones locales como menores de edad”.
El PP canario alerta en este sentido “a todos los cabildos y ayuntamientos, con gobiernos de cualquier color político, a unirse frente a esta política confiscatoria, en lo económico y en lo competencial, del Gobierno regional”.
“Una contrarreforma ahora, cuando sólo han pasado dos años de aplicación de la nueva ley, condenaría una materia clave como la ordenación del territorio a un nuevo laberinto jurídico y competencial que podría bloquear por completo el desarrollo social y económico de las Islas”, razonó.
Asimismo, Navarro instó especialmente al líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, a frenar cuanto antes esta pretensión revanchista de sus nuevos socios políticos, en coherencia con la defensa política y parlamentaria en la tramitación y aprobación de la Ley del Suelo en 2017.
“A este Gobierno -concluyó- no le gustan las corporaciones locales. Ya lo vimos con el atraco fiscal del IGIC o con los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias, que se los querían quedar. Ahora se confirma con este asalto competencial”.
