El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, para proceder a la transferencia entre los siete cabildos insulares de los 47,5 millones de euros que el Gobierno de España ha concedido a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el transporte público regular de viajeros. Por segundo año consecutivo, la Administración General del Estado amplía esta partida destinada a las islas en 20 millones, ya que originalmente esta subvención es de 27,5 millones de euros.
A esta partida que concede el Estado hay que sumar otros 10 millones de euros de fondos propios que aporta el Ejecutivo regional a través de la Dirección General de Transportes y que ya han sido distribuidos entre los cabildos, por lo que finalmente se transferirán este año un total de 57,5 millones de euros.
Con esta partida de fondos estatales y autonómicos se garantiza la operatividad del sistema de transporte público de viajeros por carretera del Archipiélago ya que los cabildos repartirán luego estas ayudas entre los distintos operadores que operan en cada isla. Estas compañías de transporte colectivo urbano o interurbano de pasajeros, tanto en guaguas como en tranvía, podrán emplear esta subvención para financiar gastos de explotación o para garantizar las bonificaciones establecidas para estudiantes, jubilados y otros colectivos beneficiados.
El Ejecutivo procederá ahora a la transferencia de ese importe a los Cabildos porque son estas instituciones las que tienen delegadas las competencias en el transporte regular terrestre. El número de operadores beneficiarios es de 14 en todo el Archipiélago, siendo por isla: uno en La Palma, uno en El Hierro, uno en La Gomera, dos en Tenerife, dos en Lanzarote, seis en Gran Canaria, y uno en Fuerteventura.
El importe por islas es el siguiente:
El Hierro: 1.011.500 euros
Fuerteventura: 2.490.500 euros
Gran Canaria: 19.473.000 euros
Tenerife: 18.428.000 euros
La Gomera: 1.204.000 euros
La Palma: 2.421.750 euros
Lanzarote: 2.471.250 euros
Para la justificación de esos fondos la Consejería lanza una orden por la que los Cabildos deben justificar una serie de indicadores, como son kilómetros recorridos, plazas ofertadas, viajeros por línea, tarifas por título, auditoría de sus estados financieros, número de vehículos, edad media de la flota, inversiones en movilidad y políticas de reducción del impacto ecológico, además de varios indicadores de calidad como número de paradas con marquesina, con sistema SAE o encuestas de satisfacción de los clientes.