Quienes más cerca estamos de los ciudadanos, más nos damos cuenta de que en este país se han hecho y se están haciendo algunas cosas francamente injustas y dañinas. No tiene ningún sentido que, con las necesidades que tienen tantas y tantas familias, aquellas administraciones que están llamadas, por cercanía, a resolver sus problemas, tengan dinero y no puedan dedicarlo a solucionar las urgencias.
Estos días está emergiendo el enorme cabreo que tenemos cabildos y ayuntamientos por los fondos disponibles que están en los bancos y por lo que no solo no recibiremos ni un duro —además de no poder gastarlos por las medidas que impone el Estado para el control del déficit público— sino que encima nos costarán este año intereses que tendremos que pagar a los bancos. Esta situación es insostenible e inaceptable.
Las medidas del control del déficit público en España, con el techo y la regla de gasto, se ha convertido en una soga que está estrangulando a las administraciones locales. Son las Comunidades Autónomas, que prestan los grandes servicios públicos, y las corporaciones locales, las que hemos terminado pagando unas medidas económicas que se vendieron en su día como herramientas que afectarían a los ministerios y al gasto de la estructura estatal. No ha sido así y los recortes los hemos terminado soportando los de siempre: los ciudadanos y sus administraciones más cercanas.
El nuevo Gobierno progresista de España no puede mantener ni un minuto más unas medidas perfeccionadas en su día por los conservadores al frente de la Hacienda estatal. Se vuelve inaplazable y urgente que nos liberen unos fondos que están ahora mismo en depósitos bancarios y que constituyen un insulto cuando nuestra gente está pasando tantas y tantas necesidades.
Los que vivimos en territorios donde se padecen los sobrecostos de la lejanía y la insularidad debemos ser tratados de una manera diferente. No todos los pacientes deben recibir las mismas medicinas ni las mismas dosis. Hemos denunciado, en muchísimas ocasiones que el precio de los combustibles es superior en las islas no capitalinas, que el costo de la vida —y de los artículos más esenciales de la cesta de la compra— es mayor y afecta a la vida de las familias con menor poder adquisitivo. Que somos cautivos de unas dependencias que complican y dificultan nuestro desarrollo. Y si encima se nos atan las manos y se nos recortan las capacidades financieras para que desde lo público intentemos corregir esa realidad, se está causando un daño irreparable a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, se han reunido para impulsar medidas que impidan que el oligopolio aéreo que padecemos siga subiendo las tarifas aéreas subvencionadas que rigen en el transporte con la Península. Es el perfecto ejemplo de una reacción que ha tardado y que se ha tenido que producir después de décadas de una permisividad inaceptable. A veces parece que para que se entiendan las cosas, tenemos que movilizarnos, que hablar y actuar, para que los poderes del Estado terminen asumiendo que deben intervenir y solventar situaciones de clamorosa injusticia.
Espero que con los superávits financieros de cabildos, ayuntamientos y comunidades autónomas pase lo mismo. Que el malestar que hoy empieza a manifestarse se convierta en un movimiento imparable. Tenemos dinero congelado y tenemos necesidades que atender. No existe ni una sola razón legítima para que esos recursos, que han aportado los ciudadanos con sus esfuerzos, no les sea devuelto a través de actuaciones en favor de los más débiles o más necesitados.
España tiene que controlar su gasto público según las instrucciones que la Unión Europea impone sus países miembros. Nadie lo discute. Pero esa austeridad no puede descargarse injustamente y en exclusividad sobre las haciendas de las corporaciones que están presentes en el día a día de las familias. Las que atienden a los más vulnerables, las que cuidan del abastecimiento de servicios esenciales, las que que tienen las puertas donde primero tocan los que necesitan una ayuda urgente. Este año que empezamos tendremos que cambiar una realidad injusta. Y me uno a las voces que están pidiendo ya un cambio radical de unas medidas socialmente injustas.