Dice la sabiduría popular que los bancos son esas entidades que te dejan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Y es bien cierto. No cabe esperar demasiada solidaridad de quienes no tienen ninguna obligación social de auxiliar a la gente cuando más lo necesita. Tampoco es su función. Eso le corresponde a esos poderes públicos que han sabido construir una sociedad mejor. Imperfecta, desde luego, pero más justa de lo que era antes.
Hace unos meses, cuando se planteaba la posibilidad de establecer una batería de impuestos verdes sobre las actividades más contaminantes en nuestras islas, Agrupación Socialista Gomera lanzó un mensaje de prudencia. Porque no veíamos demasiado claro que fuese una buena idea poner más peso en las espaldas de sectores como el transporte de viajeros y mercancías en toda Canarias. La conectividad, para el archipiélago, no es una política más: es “la” política sobre la que se construye el crecimiento económico y el desarrollo.
Es obvio que compartimos con nuestros socios en el pacto de Gobierno la ambición de transformar la injusta realidad a la que nos enfrentamos. Y para cambiar esa realidad hacen falta recursos que trasladen riqueza desde donde se produce hasta donde se carece de ella. La lucha contra el cambio climático también hace necesario desincentivar el uso de combustibles fósiles y penalizar a quienes no realicen la transición hacia las nuevas energías limpias. Siendo todo eso realidad, en el contexto de un territorio archipielágico todas esas iniciativas y medidas tienen que atemperarse y adaptarse a una realidad diferente sobre la que hay que operar con extrema precaución.
El presidente del Gobierno de Canarias, Angel Víctor Torres, ha venido a ratificar que nuestra reflexión no estaba equivocada. Su firme posicionamiento ante el Gobierno central, en el caso de que se decida la imposición de un impuesto al queroseno de aviación no deja lugar a dudas: Canarias debe estar exenta, porque la conectividad aérea en estas islas establece unas condiciones radicalmente diferentes a las del continente. Nos sumamos sin ningún género de dudas a ese pronunciamiento, porque compartimos el fondo y las formas. Porque entendemos que el transporte en estas islas es un elemento estructural que tiene un claro papel de servicio público esencial.
Hace unos días se publicaba en la prensa nacional una información sobre la Variante de Pajares, unos 50 kilómetros de túneles y viaductos, para unir a través de la red de alta velocidad a Asturias con la meseta peninsular, en los que se han gastado 4.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, más que el montante que se dedica al convenio de carreteras con Canarias durante más de un cuarto de siglo. Es solo un botón de muestra, de los muchísimos que se pueden poner, sobre la mesa sobre la diferencia de recursos y de alternativas que disfrutan los habitantes del continente en comparación a los de un territorio fragmentado y lejano como el nuestro.
La coyuntura que vivimos en este tiempo exige de los políticos de Canarias generosidad, inteligencia y unidad de acción. Más importante que las estrategias electorales —legítimas, sin duda— o el desgaste de los adversarios, es que entendamos que el futuro de todos los hombres y mujeres de nuestras islas pasa porque tengamos una sola voz en la defensa prudente y exigente de políticas de solidaridad que están en riesgo. Quienes creemos en una sociedad más justa y equitativa, también aquí, debemos entender que ese objetivo solo es posible de conseguir a través de instrumentos de cohesión. Y eso pasa por la transferencia de riqueza de unos territorios hacia otros, de unas clases sociales hacia otras, para conseguir nivelar los desequilibrios y eliminar las brechas sociales.
Los poderes públicos de Canarias tienen la obligación de ofrecer un paraguas a quienes están más expuestos a los malos tiempos. Es más importante que nunca que quienes no estamos dispuestos a permitir que nadie se quede abandonado a su suerte, tirado en la cuneta de la pobreza o la exclusión social, hagamos un bloque sin fisuras en la defensa de ese objetivo. Ese es un gran pacto que nos debe obligar por igual a todos. Y solo desde la fortaleza de esa unidad, de la unidad de todos los que nos hemos comprometido por esta tierra, le daremos a Canarias y a sus representantes el aliento necesario para defender nuestros derechos y necesidades.