eldiario.es.– El Gobierno se prepara para declarar este viernes el estado de alarma en el país por el nivel de expansión de la epidemia de coronavirus. Es la segunda vez en democracia: la anterior fue en diciembre de 2010 por el paro de los controladores aéreos.
El debate en el Consejo de Ministros, de acuerdo con diversas fuentes, se centra en las restricciones a la movilidad y el cierre de todos los comercios salvo farmacias y tiendas de alimentación, en la misma línea de lo ocurrido esta semana en Italia.
España ha superado los 4.200 casos positivos, 1.200 más que hace 24 horas, según la actualización del Ministerio de Sanidad del viernes a mediodía. Se han registrado 120 fallecidos y 189 altas. y Euskadi ha decretado este viernes la emergencia sanitaria que permite establecer el confinamiento de la población. La Generalitat decretó este jueves por la noche el cierre al tránsito de la ciudad catalana de Igualada y otros tres municipios cercanos ante la aparición brusca de un brote.
Esta decisión se ha discutido intensamente en las últimas jornadas en el seno del Gobierno. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que los ministros de esa formación son los que más han insistido en la necesidad de adoptar esta medida. Además, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido públicamente la declaración del estado de alarma por parte del Ejecutivo.
El estado de alarma viene recogido en el artículo 116.2 de la Constitución y las crisis sanitarias –como una epidemia– son uno de los supuestos recogidos para su establecimiento por parte del Gobierno. Este decreto tiene una duración máxima de 15 días y para prorrogarse será necesaria la autorización del Congreso de Diputados.
España solo ha tomado esta decisión en democracia hace una década con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. El 4 de diciembre de 2010, un Consejo de Ministros extraordinario declaró el estado de alarma por un espacio de 15 días ante la huelga de controladores aéreos.
El decreto llegó a causa de la crisis provocada por el parón de su actividad en una disputa por sus condiciones laborales. Se declaró al considerar el Ministerio de Fomento dirigido por José Blanco que más de medio millón de personas estaban afectadas por el cierre del espacio aéreo en una temporada prolongada.