La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, exime ya a 17.253 familias inquilinas de una vivienda social en las islas del pago del alquiler mensual desde este mes y hasta que acabe el estado de alarma para apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población como son los adjudicatarios de viviendas protegidas. Esta disposición de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda formará parte del conjunto de medidas que el Gobierno de Canarias reunirá en el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de carácter social para Afrontar la Crisis Provocada por el COVID-19 que será aprobado la semana que viene con la finalidad de ayudar a las familias más vulnerables de las islas.
La medida propuesta por el consejero Sebastián Franquis para este Decreto Ley se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y a las viviendas titularidad de la sociedad pública VISOCAN que mantienen un convenio con el ICAVI, que ascienden a un total de 4.528 viviendas.
“Con esta medida lo que pretendemos es proteger a las familias socialmente más vulnerables de nuestro Archipiélago que se han visto afectadas por las situaciones de cierre de actividad económica a las que obliga la crisis sanitaria y contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de miles de hogares del parque público de viviendas en régimen de alquiler de nuestra comunidad cuyos inquilinos puedan encontrarse en una situación precaria mientras dure el estado de alarma”, aseguró el consejero Sebastián Franquis.
Las familias que sean inquilinas de estas viviendas protegidas del parque público regional se beneficiarán automáticamente, y sin tener que hacer ninguna gestión, de la suspensión de estos pagos, una medida que se empezó a aplicar desde el pasado miércoles, 1 de abril, ya que el ICAVI ha paralizado el cobro de las mensualidades a estos más de 17.000 inquilinos. Esta medida se prolongará hasta el final del mes en el que se levante el estado de alarma, con lo que se compensará también las dos semanas de marzo que sí se vieron afectadas por esta crisis sanitaria. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.
Esta derogación del pago está dirigida a asegurar la protección de las personas arrendatarias de una vivienda protegida y sus familias, ya que se consideran uno de los sectores de la población más vulnerables ante las consecuencias económicas colaterales derivadas por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
La duración de esta medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del Canarias en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere como consecuencia del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así como de su repercusión en las familias beneficiarias de la medida.
El ICAVI estima en cerca de 900.000 euros mensuales el impacto económico que supone la aplicación de esta medida que beneficiará a más de 17.000 familias vulnerables del Archipiélago.
